La senadora de VOX, Paloma Gómez, ha registrado en el Senado la solicitud de comparecencia del ministro de Agricultura, Luis Planas.
Esta acción busca obtener respuestas claras sobre las medidas que el Gobierno español tiene previstas para asistir a los afectados del sector primario, en particular tras los recientes piquetes ocurridos en Francia que han impactado significativamente al sector agrícola español.
Vox reclama soluciones al MAPA
Esta situación se agrava con las declaraciones del primer ministro francés, Gabriel Attal, que apuntan a una acusación de «competencia desleal» hacia los agricultores españoles. Tales afirmaciones han generado una considerable preocupación entre los productores nacionales, temiendo repercusiones negativas en la exportación y la imagen de sus productos.
El senador Ángel Pelayo, también de VOX, ha presentado una serie de interrogantes que reflejan la inquietud y la necesidad de una actuación contundente por parte del Gobierno español. Entre estas preguntas se incluyen cuestiones sobre las medidas a adoptar frente a las declaraciones del primer ministro francés, la posibilidad de quejas formales, el impacto de las protestas francesas en el sector primario español, y la evaluación de riesgos ante un posible cierre de fronteras con Francia.
Más allá de las preocupaciones agrícolas, existe una profunda inquietud por la situación de los camioneros españoles atrapados en las carreteras francesas debido a estas protestas. Pelayo exige al Gobierno que detalle las acciones para proteger a estos trabajadores y a los productos españoles que transportan, enfatizando la necesidad de exigir compensaciones al Gobierno francés por los daños causados.
La complejidad de este escenario no solo reside en la relación bilateral entre España y Francia, sino también en la esfera de la Unión Europea. En este contexto, la posición del Gobierno español y su capacidad para defender los intereses del campo español a nivel europeo son cruciales. Las acciones o la falta de ellas podrían tener implicaciones significativas en la política agraria común y en las relaciones comerciales dentro del bloque, aseguran desde VOX.
Este escenario plantea desafíos significativos para el Gobierno español. No solo debe abordar las preocupaciones internas de los agricultores y transportistas afectados, sino también manejar las relaciones diplomáticas con Francia y la Unión Europea. La habilidad del Gobierno para negociar y proteger los intereses españoles en este contexto será un indicador clave de su eficacia y compromiso con el sector agrario del país.
