Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos valora como una oportunidad perdida para el campo el hecho de que el Congreso, a través de la Comisión de Agricultura, no haya aprobado este miércoles, como reclamaba la organización, la fijación de la cuota de posición de dominio en la votación del Proyecto de revisión de la Ley de la cadena alimentaria, y que haya aprobado una prohibición de venta a pérdidas sin garantía ninguna de efectividad para limitar los abusos y competencias desleales.
La organización agraria, que seguirá trabajando para que sus propuestas de enmiendas sean recogidas ahora en el Senado, ha trasladado a todos los grupos políticos con representación en el Congreso la necesidad de que la modificación de esta ley contrarreste los desequilibrios existentes en la cadena de valor y que persiga los abusos y las prácticas desleales que sufren los productores.
Unión de Uniones celebró el pasado 15 de septiembre una concentración en Madrid frente al Ministerio de Agricultura, con sus organizaciones territoriales, para reclamar, entre otras cuestiones, una Ley de la cadena alimentaria justa.
La OPA ha pedido reiteradamente que la modificación de esta ley sirva para definir la reventa a pérdidas, prohibirla, considerarla infracción grave y disponer de los mecanismos que permitan de manera simple identificar cuando se produce y, en consecuencia, sancionarla. En este sentido, ya presentó en enero pasado propuestas de enmiendas a los grupos del Congreso con este objetivo. La definición de la reventa a pérdidas debería incluir el precio de compra del producto, y los costes fijos y los variables de la comercialización. Lo aprobado por la comisión de Agricultura no se ajusta en absoluto a estos parámetros.
“Si no hay elementos para que se cumpla, lo que se ha aprobado de venta a pérdidas es otro brindis al sol como la referenciación de precios a costes de producción que se aprobó en marzo del año pasado”, consideran.
Además, se planteaba por la organización fijar la cuota de posición de dominio en un 8% de cuota de mercado para que la Administración persiga las prácticas desleales llevadas a cabo desde esa posición de fuerza. Una cuestión fundamental para equilibrar la cadena alimentaria que no ha sido tampoco aprobada por la Comisión de Agricultura en el Congreso.
Unión de Uniones también había pedido la transposición correcta de la Directiva europea sobre prácticas desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro. La organización había denunciado que la modificación del Real Decreto Ley 5/2020 que transponía parcialmente la Directiva (UE) 2019/633 modificando la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, y que adoptó el Gobierno estatal en febrero de 2020, era insuficiente y creaba inseguridad jurídica.
