La comunidad agraria de Castilla-La Mancha se prepara para tomar las calles de Toledo este 12 de marzo en una manifestación que defenderá los derechos de propiedad y el uso de la tierra. La Ley de Agricultura Familiar, promovida por el gobierno de Emiliano García – Page, ha encendido las alarmas entre agricultores y ganaderos, quienes ven en ella una amenaza velada a su labor y herencia, según se afirma desde la Unión de Castilla La Mancha
¿Qué dice la Ley de Agricultura Familiar?
La controversia se centra principalmente en dos artículos de esta ley. El artículo veintinueve permite la expropiación de tierras por un periodo de veinticinco años si el gobierno regional considera que estas no cumplen con una «función social», término cuya amplitud de interpretación abre la puerta a numerosas incertidumbres. Por otro lado, el artículo dieciocho, de la normativa aprobada por el Ejecutivo de Page, introduce la figura de las zonas de protección agraria, que permitirían al Ejecutivo autonómico dictaminar las condiciones de uso de las tierras, pudiendo llegar a expropiarlas si se determina que están siendo infrautilizadas.
La propiedad privada en jaque
Esta legislación ha generado un profundo malestar en la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, que ve en ella una infracción directa al derecho de propiedad privada consagrado por la Constitución Española. La posibilidad de que el gobierno regional de García Page pueda determinar el destino de las tierras agrícolas, y más aún, proceder a su expropiación, ha sido interpretado como un ataque directo a la autonomía y el legado de los agricultores y ganaderos de la región.
El gobierno de Page entre la espada y la pared
A pesar de las críticas y el clamor popular, el gobierno de Page ha manifestado su intención de modificar la ley, aunque sin eliminar las disposiciones relativas a la expropiación temporal o indefinida de tierras. Esta postura ha exacerbado la tensión con el sector agrario, que exige una revisión más profunda de la legislación que elimine cualquier posibilidad de expropiación sin consentimiento.
Una demanda por derechos y reconocimiento
La movilización del próximo 12 de marzo no solo busca la eliminación de estas disposiciones legales, sino también un cambio de enfoque en la política agraria del Gobierno de Page. Los manifestantes proponen la creación de zonas de incentivación agraria que, a diferencia de las zonas de protección, promoverían la actividad agrícola mediante ayudas y estímulos, en lugar de restricciones y prohibiciones.
El futuro de la agricultura manchega en juego
La Ley de Agricultura Familiar y la respuesta del gobierno de Castilla-La Mancha presidido por Emiliano García – Page a las demandas del sector agrícola marcarán un antes y un después en la gestión del territorio y el desarrollo rural de la región. La manifestación del 12 de marzo no es solo una protesta contra una ley, sino un llamado a la reflexión sobre el modelo de agricultura que se desea promover, donde el respeto a la propiedad privada y el apoyo al sector agrario sean pilares fundamentales.
El sector agrario en Castilla-La Mancha constituye un pilar fundamental para la economía y el tejido social de la región, representando un significativo porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico. Con una extensa superficie dedicada al cultivo de viñedos, cereales, olivares, y hortalizas, la comunidad es uno de los principales productores agrícolas de España, destacando especialmente en la producción de vino de calidad reconocida a nivel mundial. La agricultura manchega no solo es crucial para el sustento económico de miles de familias y para la exportación, sino que también juega un papel esencial en la conservación del paisaje, el patrimonio cultural y la biodiversidad de la región, reforzando la identidad manchega y su compromiso con el desarrollo sostenible.
