La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila ha elevado una queja formal ante la opinión pública, denunciando lo que considera un afán desmedido por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) de imponer sanciones y multas que superan los 60.000 euros a agricultores que utilizan aguas subterráneas en sus cultivos. Este conflicto surge en un contexto donde los derechos de uso del agua se encuentran más que nunca en el punto de mira, debido a las crecientes preocupaciones ambientales y regulaciones estrictas.
Contexto Histórico y Legal de la Controversia
En 2022, el Tribunal Supremo dictaminó que los titulares de derechos sobre aguas subterráneas adquiridos antes de 1986, conocidos como «pozos de minas», tienen derecho a inscribir sus sondeos en el catálogo de aguas privadas del organismo de cuenca. Sin embargo, a pesar de esta sentencia, la CHD no ha establecido un procedimiento claro para facilitar esta inscripción, dejando a los agricultores atrapados en costosos y prolongados procesos judiciales, mientras enfrentan sanciones por utilizar estos recursos hídricos.
Caso Práctico: Un Agricultor de Madrigal de las Altas Torres suportando las multas
Un ejemplo concreto de las repercusiones de esta política es el caso de un joven agricultor de Madrigal de las Altas Torres. Este agricultor, que ha heredado un pozo inscrito en el registro de minas pero no en el catálogo de la CHD, enfrenta multas que alcanzan los 60.000 euros por continuar una práctica agrícola transmitida por generaciones: la utilización de aguas subterráneas para regar sus cultivos.
Problemas con la Rotación de Cultivos y la Formación de CUAS
ASAJA también critica la falta de apoyo por parte de la CHD y del Ministerio para la Transición Ecológica en la promoción de prácticas agrícolas sostenibles como la rotación de cultivos. Además, la asociación señala la ineficacia en la creación de Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS), que si bien han sido promovidas como solución por el ministerio, en la práctica, se han convertido en otro obstáculo burocrático que complica la vida de los agricultores.
Llamado a la Acción por Parte de ASAJA
Frente a esta situación, ASAJA de Ávila insta a la CHD y al Ministerio de Transición Ecológica a que retiren, archiven y paralicen todos los expedientes sancionadores en curso, y busquen una solución definitiva y justa para los agricultores que dependen de las aguas subterráneas para sus cultivos. Esta solución debería respetar los dictámenes del Tribunal Supremo y facilitar el uso legal y sustentable de recursos hídricos vitales para la agricultura.
Conclusión
El caso de las multas impuestas por la Confederación Hidrográfica del Duero a los agricultores de Ávila es un reflejo de un problema más amplio de gestión de recursos hídricos y regulación ambiental en España. Mientras que la necesidad de conservar los recursos acuáticos es indiscutible, también lo es la necesidad de asegurar que los agricultores, quienes dependen directamente de estos recursos, puedan realizar su trabajo sin temor a sanciones desproporcionadas y destructivas. La solución a este conflicto requiere un equilibrio entre la regulación y el respeto a los derechos de los agricultores, un desafío que aún está por resolverse de manera efectiva.
