La Xunta de Galicia impulsa la reestructuración y ordenación del territorio agroganadero a través de medidas legales que complementan acciones de fomento como la inversión, sólo este año, de 27,1 millones de euros en estructuras e infraestructuras rurales.
Entre esas iniciativas de carácter normativo destacan las modificaciones que se van a introducir en la Ley de Mejora de la Estructura Territorial Agraria de Galicia (Metaga) para fomentar la movilización de tierras y agilizar los trámites administrativos en esta materia.
Estos cambios forman parte del anteproyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de ordenación. Entre ellos, destacan los relativos a la movilidad de tierras correspondientes a las masas comunes de reestructuraciones parcelarias o de terrenos de interés agrario. En el primero caso, se trata de establecer un procedimiento para ceder tierras de las masas comunes a particulares a través de los ayuntamientos, antes de pasarlas al Banco de Terras. Se da así un nuevo servicio a los agricultores y ganaderos, para que puedan disponer de una mayor base territorial en sus explotaciones.
En lo que alcanza a las tierras de interés agrario, la modificación propuesta aclarará que el fondo económico a aplicar para mejorar la estructura agraria de cada zona de concentración se nutrirá con los ingresos obtenidos por la gestión dieras predios declarados de interés agrario. Y se clarifica que los terrenos que no hayan dicho interés pasarán a los ayuntamientos.
En la línea de simplificar el trámite de los procesos de concentración, se propicia la concordancia entre los datos gráficos y numéricos de los predios, previa a su registro. De esta forma se adapta la Metaga a la nueva normativa estatal sobre el catastro.
En términos semejantes, se incrementa el tiempo para que los titulares vean recogidos en el proceso de concentración los cambios de titularidad que se produzcan. Se busca así evitar que el desarrollo del proceso suponga un atranco en el tráfico jurídico privado de los predios afectados y propiciar un ahorro económico y de trámites para los interesados.
Por otra parte, se agiliza y se simplifica la evaluación de los requisitos para hacer una parcelaria en una zona determinada, de tal forma que será suficiente un informe del servicio provincial correspondiente, con exposición pública, para clarificar los criterios que van a provocar la realización de una reestructuración en un área.
