En una primera entrega, hemos presentado nuestra visión de las crisis lácteas (la global y la española) e intentamos definir una visión a largo plazo. [[{«fid»:»22934″,»view_mode»:»media_original»,»type»:»media»,»attributes»:{«height»:637,»width»:960,»style»:»width: 220px; height: 146px; border-width: 6px; border-style: solid; margin: 6px; float: right;»,»alt»:»Tomás García Azcárate»,»title»:»Tomás García Azcárate»,»class»:»media-element file-media-original»}}]]
Constatábamos que muchos ganaderos han sido empujados en un callejón sin salida, a base de explotaciones más grandes, más intensivas, con más capital, más endeudadas y por lo tanto más frágiles financieramente, produciendo cada vez más para consumidores cada vez más lejanos. Es perfectamente lógico y comprensible que estén desesperados y reclamen soluciones, ya!
Pero existe el peligro que, bajo la presión política a corto plazo, se tomen medidas que ahonden la crisis a medio y largo plazo. ¡No hay buenos vientos para el marino que no sabe a qué puerto se dirige!
Nos toca ahora pues intentar hablar de este corto plazo.
El gobierno del estado ya ha adoptado distintas iniciativas y medidas para suavizar el impacto de la crisis. Entre las que me acuerdo están:
- la ayuda “de minimis”
- la promoción del consumo ;
- la revitalización del programa de leche en las escuelas y de ayuda a los más desfavorecidos;
- el observatorio de la cadena alimentaria que va a analizar la cadena de valor de la leche líquida;
- las gestiones en Bruselas y el frente común con otros Ministros de países afectados.
Para que estas medidas no sean pan para hoy y hambre para mañana, sería útil tener la valentía de ponerlas al servicio de la revitalización del sector; para que movilice en primer lugar nuestros recursos forrajeros; para promover la reorientación de la producción hacia productos con mayor valor añadido incluyendo la ganadería ecológica, las ventas directas, los circuitos cortos; para favorecer la organización económica del sector; en otras palabras para utilizar estas medidas de urgencia como palancas para el cambio necesario sin el cual no hay futuro posible.
El Acuerdo lácteo
La iniciativa estrella es, sin embargo, la firma el miércoles 23 de septiembre pasado del llamado “acuerdo para la estabilidad y sostenibilidad de la cadena de valor del sector de vacuno de leche” . Lo han firmado ASAJA, las Cooperativas Agroalimentarias, la federación de la industria FENIL y las de la distribución ACES, ANGED y ASEDAS. La novedad es que también lo ratifican desde el primer día 20 empresas de la distribución y 31 industrias lácteas distribución. Es decir que, desde el lado de la industria y de la distribución, están prácticamente todos los que son. Entre los grandes actores ausentes, únicamente me parece destacar la cadena de supermercados Dia.
No se puede decir lo mismo desde el ámbito de la producción. No han firmado ni UPA (a pesar de que considera que el acuerdo es “interesante” ) ni COAG . Tampoco lo apoya la Unión de Uniones .
Entre los argumentos presentados para justificar este rechazo, me permitiría destacar:
- “La firma de un acuerdo voluntarista no da ningún tipo de seguridad jurídica a los productores”. El adjetivo “voluntarista” es inadecuado, el acertado habría sido “voluntario”. Es verdad que un acuerdo voluntario no puede dar seguridad jurídica.
- “El acuerdo no recoge ningún régimen sancionador”, lo cual es cierto e inherente a un acuerdo voluntario.
- No recoge una definición de “leche tipo que debería tener en cuenta la variabilidad territorial”. He de manifestar mi ignorancia al respecto aunque mi prejuicio (es decir mi juicio previo, siempre abierto a modificación) es que me parece un aspecto técnico de cierta complejidad ya que se tienen que tener en cuenta la “variabilidad territorial”: Quizás encuentre un foro más natural de discusión en el seno de la Interprofesional, mejor que en una mesa de negociación en el Ministerio.
- “No incluye la obligación de la identificación del país de origen de la leche”. La fórmula escogida, que me parece más acorde con un acuerdo voluntario de estas características, es que las industrias de distribución se comprometen a “promover la identificación de origen de la leche y los productos lácteos”
Agrodigital nos recuerda también, bendita hemeroteca, que “este no es el primer acuerdo al que se llega en el sector. Ya en 2009, el por entonces Secretario de Agricultura del Ministerio, Josep Puxeu, firmó otro acuerdo lácteo. El acuerdo establecía que industrias y cooperativas se comprometían a generalizar el sistema de contratos homologados para el pago de la leche recogida en las explotaciones, contratos que deberían incluir el precio acordado entre ganadero y comprador, a partir de un sistema de indexación que tendría en cuenta los precios medios practicados en otros estados de la Unión Europea.” Contrasta el contenido de este acuerdo, cuando Rodríguez Zapatero era jefe del gobierno, con la exigencia del PSOE hoy, de que “el acuerdo debe fijar un precio mínimo que cubra costes” .
El contenido del acuerdo puede parecer demasiado vago, pero estamos al límite de lo que las autoridades europeas y españolas de la competencia pueden hoy admitir. Con el actual ordenamiento jurídico, ningún gobierno puede fijar “un precio mínimo”. Dejemos de lado el “que cubra costes” porque exigiría determinar cuál es el coste de producción al que nos referimos. Por cierto la memoria es corta, o el desconocimiento de la historia agraria importante. Durante años, la Unión Europea obligó en el sector de las frutas y hortalizas transformadas los industriales a pagar un precio mínimo a los agricultores por la fruta entregada. No solo está obligación, amparada por los reglamentos comunitarios, no se cumplía con cierta frecuencia sino que han acabado en la cárcel, por este motivo, industriales y funcionarios públicos. Por estas razones, la Unión Europea suprimió las ayudas a la transformación y decidió que la mejor manera de ayudar a los agricultores era darles a ello el dinero y no a los industriales.
Todo esto confirma, como hemos señalado en la píldora anterior , que el mover el cursor a nivel europeo del equilibrio entre las políticas europeas agraria y de competencia, el movilizar adecuadamente la excepción al derecho de la competencia prevista para el sector agrario en el Tratado Europeo, debe ser un objetivo estratégico de primera importancia.
Volvamos al acuerdo: La primera pregunta que convendría hacerse, a mi juicio, es si el sector lácteo español en general, y los productores en particular, están en mejor situación con el acuerdo firmado, o si da lo mismo. Para mí, la respuesta está clara y es afirmativa.
Es verdad que es voluntario, pero recoge una serie de compromisos por parte de la industria, la distribución y el Ministerio que, si esta vez se cumplen, me parecen útiles. Entre ellos, algunos de los firmantes han destacado con razón:
- La contractualización en todos los eslabones de la cadena, lo que debería favorecer unas relaciones más estables y a largo plazo, como señalan las cooperativas.
- Una mayor transparencia del precio de cesión de la lecha por el productor a la industria ;
- El no uso de la leche como producto reclamo por la distribución; el etiquetado del origen; campañas de promoción del consumo; el compromiso del respeto de las buenas prácticas comerciales ;
- El compromiso del Ministerio de trabajar para regular el papel de los primeros compradores, los operadores comerciales que compran pero no transforman leche, con el objetivo de reducir su número y evitar intermediaciones innecesarias.
Las palabras claves son las que he puesto en negrilla en el párrafo anterior: “si esta vez se cumplen”. El hecho de que, a diferencia del acuerdo del 2009, las propias firmas han firmado y no solo sus federaciones, es un paso positivo, condición necesaria pero no suficiente para asegurar su respeto por todas las partes.
Me permito aquí hacer unas propuestas, con ánimo constructivo. Quizás alguna ya esté en marcha, quizás otras se revelen (como tantas otras de mis ocurrencias unas “falsas buenas ideas”) pero aquí están:
- ¿Por qué no aprender de la Policía nacional que, a través de las redes sociales en general (y Twitter en particular) facilita las denuncias por parte de los ciudadanos?
- ¿Por qué no firmar un convenio entre las administraciones y las organizaciones de consumidores para este propósito?
- Muchas de estas denuncias, aunque lleguen a la Agencia de Información y Control Alimentarios, deben al final ser tramitadas por las Consejerías autonómicas de consumo. Podría ser útil coordinar con el conjunto de los organismos autonómicos correspondientes un procedimiento común para tramitar todas las denuncias que aparezcan.
- En la misma línea, podría ser útil la presentación de un informe trimestral que recoja el grado de cumplimiento del acuerdo, el número de denuncias recibidas, las identidades de los denunciantes y los denunciados aunque sean presuntos inocentes y el seguimiento que las partes firmantes han dado en su caso a dichas denuncias.
