Las bodegas extremeñas se han puesto de acuerdo para pagar esta campaña la uva, tanto la tinta como la blanca, a 2 pts. el kilo/grado, esto es a 0,1442 € el kilogramos de uva. Si se tiene en cuenta que el producir un kg de uva cuesta de media esta campaña en Extremadura la cantidad de 0,40 €/kg, se llega a la conclusión que los viticultores extremeños van a perder esta campaña 0,26 € por cada kg de uva producida.
Esta situación es consecuencia de los altos costes de producción, la reducción de las ventas de vinos a granel agravada por la guerra de Ucrania, y el acuerdo entre compradores para pagar precios por debajo de los costes de producción.
La Unión Extremadura critica que «las dos administraciones implicadas en esta situación, no están haciendo absolutamente nada para evitarlo. Por un lado el Ministerio de Agricultura que aprobó la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, pero que la misma no se encuentra en vigor en cuanto al establecimiento de los costes de producción para que no se pueda contratar uva por debajo de los mismos, por otro lado la Junta de Extremadura que no ha hecho públicos los costes de producción elaborados por el observatorio de precios».
Aparte, denuncian que «los precios impuestos por los industriales son ruinosos teniendo en cuenta que esta campaña se prevé una reducción de entre el 25 y el 30% de la cosecha debido a la falta de precipitaciones, circunstancia que debería haber traído consigo un aumento del precio del producto».
La Unión Extremadura prevé unas pérdidas de alrededor de los 124 millones de euros en este sector, ocasionado por los industriales con la complicidad de las administraciones.
Por otro lado, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha realizado unas declaraciones por la que aboga por disminuir la superficie de regadío y recortar las concesiones de explotación hídrica, mientras que la Junta de Extremadura fomenta la transformación en regadíos de varias comarcas extremeñas.
Esta campaña se van a quedar sin regar más de 40.000 hectáreas en Extremadura y los pantanos más importantes de la cuenca del Guadiana (Cíjara y La Serena) se encuentran en estos momentos por debajo del 20% de su capacidad, y todas las previsiones climatológicas informan de un descenso de las precipitaciones en las próximas campañas.
La Unión Extremadura exige a la Junta de Extremadura que se realice un estudio realista sobre las disposiciones de agua para riego antes de seguir adelante con las expropiaciones, y consideran que «no se pueden seguir haciendo inversiones y gastos de millones de euros sin la certeza de que efectivamente se van a poder regar las tierras afectadas».
