En pleno debate sobre la reforma del Política Agraria Común, hace unos días se conocían las primeras filtraciones sobre la comunicación que el Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, va a presentar a finales de noviembre como base «filosófica» de lo que más adelante se desarrollará en los reglamentos correspondientes.
Parece que esta semana se ha vuelto a reabrir ese tema, tras un periodo de trabajo en silencio. Precisamente el Consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha presentado en Madrid el contenido de las propuestas por las que se apuesta esa región.
«La propuesta de reforma en profundidad de la PAC que proponemos desde el Gobierno de Aragón se demuestra eficaz porque mejora significativamente la renta de los agricultores, no sólo de los que acreditan rentas más bajas sino de los que más dependen ecómicamente de la actividad agraria y cuentan con explotaciones más productivas, más viables y de mayor contribución ambiental.» aseguraba Olona.
“En definitiva –señala Olona- el modelo supone una redistribución de la ayuda entre beneficiarios basada en criterios objetivos como la profesionalidad, la dimensión económica de las explotaciones y la productividad, lo que contrasta con la actual política de primar unas producciones sobre otras, unos territorios sobre otros y unos agricultores sobre otros en base a unos criterios de difícil justificación e imposibles de explicar”.
Esta redistribución tiene una expresión concreta: con la PAC actual el mayor perceptor de ayudas recibe más de 800 000 euros; con el modelo propuesto, no llega a 150 000. “Y ello sin la necesidad de establecer expresamente un límite máximo, como se está diciendo estos días al hilo del documento de la Comisión Europea que ha sido filtrado”, añade el consejero.
Como resumen, Joaquín Olona indica además que con el modelo que propone aumenta el nivel de profesionalidad, productividad, dimensión económica y contribución ambiental de los beneficiarios. Quedan excluidos de las ayudas quienes presentan valores muy bajos o nulos, precisamente, en profesionalidad, productividad, y dimensión económica (el 21,52 % de los perceptores actuales). El 46,43 % de los beneficiarios actuales ven amentada su ayuda y el 53,57 % la ven reducida.
