La Ley de Prevención Ambiental, que se encuentra en fase de exposición y alegaciones en la Junta de Castilla y León no va a contar con el visto bueno de UCCL. La organización agraria se ha mostrado contraria a esta medida y presentará las oportunas alegaciones al considerar que hay aspectos que podrían suponer “trabas” para los productores ganaderos de la región.
En el comunicado, la OPA asegura que la obligación de adaptar las explotaciones ganaderas antes del 1 de enero de 2018 al Plan de Gestión de Estiércoles no es suficiente y el plazo debería extenderse, al menos, dos años -hasta 2019-. Además solicitan que, en caso de no poder hacerlo exista la opción de acogerse a la moratoria de la Ley 5/2005 para adaptar las explotaciones de forma “transitoria”.
La otra zancadilla: las distancias mínimas para realizar las labores de abonado y uso de estiércol que podrían cambiarse de forma local si el ayuntamiento de la zona así lo quisiera. Un límite de mínimos -y no de máximos- que según ha considerado UCCL “podría dar un trato discriminatorio entre ganaderos, y darse intereses propios del ayuntamiento muy diferentes a la de los ganaderos”.
EN DOS DATOS
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La nueva normativa obliga a analizar los purines de las explotaciones de más de 200 UGM, punto al que se opone UCCL. -
Además acota la distancia para realizar la valoración agronómica a un radio de 15 km o enterrar los estiércoles máximo 24 horas después de ser vertidos.
Por último todas las medidas referentes a la gestión del estiércol han sido tildadas por la organización como “excesivas” ya que han sido incluidas “a mayores” en el borrador del decreto y causan más “restricciones” para que el sector arranque sus explotaciones.
