La Junta de Castilla y León ejercerá el control de la legalidad sobre la publicación de nuevas ordenanzas municipales apícolas

Agronews Castilla y León

23 de enero de 2018

apicultor

Hoy, 23 de enero, se han reunido en Valladolid representantes de ASAJA Salamanca y la Asociación Salmantina de Apicultores con miembros de la Consejería de Presidencia de Castilla y León para tratar la problemática de algunas ordenanzas municipales que intentan regular la actividad apícola.

Tras la reunión con la Viceconsejería de Ordenación de Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego Durántez, se ha acordado que será la propia Junta de Castilla y León la que ejerza el control sobre la legalidad de las normativas municipales. Así dará indicaciones a sus Servicios Territoriales para que informen a los ayuntamientos de [[{«fid»:»37971″,»view_mode»:»media_original»,»type»:»media»,»attributes»:{«height»:747,»width»:1328,»style»:»width: 450px; height: 253px; border-width: 3px; border-style: solid; margin: 5px; float: left;»,»class»:»media-element file-media-original»}}]]la Comunidad Autónoma al respecto de la no competencia de éstos, sobre la ordenación apícola, puesto que se regula en base al Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre. Así, la Junta vigilará aquellas ordenanzas que intenten contradecir la ley y sobre las que los ayuntamientos no tienen ninguna competencia municipal.

Esta situación supone un avance más para ASAJA Salamanca y la Asociación Salmantina de Apicultores, que recurrieron ordenanzas municipales de la provincia de Zamora con el fallo a favor por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, cuando decretó que “no existe ningún título competencial sectorial que permita o justifique una ordenanza municipal apícola que regule tanto los asentamientos de las colmenas como la imposición de tasas injustificadas”.

ASAJA Salamanca y la Asociación Salmantina de Apicultores seguirán haciendo extensiva esta sentencia del TSJ a todos los municipios de la Comunidad. Y difundirá la misma al resto de las administraciones con competencias para que ayuntamientos, Delegaciones del Gobierno y Diputaciones asuman que existe una sentencia firme que advierte de la infracción del principio competencial y del principio de jerarquía normativa.



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