El reciente borrador del Real Decreto del Ministerio de Agricultura, presentado para modificar la normativa vigente en el sector ganadero, ha generado una fuerte controversia y un profundo descontento entre los ganaderos y las principales organizaciones agrarias del país. ASAJA y COAG han expresado su rechazo y decepción ante lo que consideran un incumplimiento flagrante de los compromisos adquiridos por el ministro de Agricultura, Luis Planas, durante el Foro de Ganadería Extensiva celebrado en Toledo.
Compromisos Incumplidos del Ministerio y Luis Planas
Durante el mencionado foro, el ministro Planas había anunciado que la figura del veterinario de explotación sería de carácter voluntario y que se revisarían y simplificarían varios aspectos burocráticos, incluyendo el Plan Sanitario Integral, el Sistema Integral de Gestión de las Explotaciones Ganaderas (SIGE) y el Plan de Bienestar Animal. Sin embargo, el borrador del Real Decreto presentado recientemente contradice estas promesas y sigue imponiendo obligaciones que las organizaciones agrarias consideran innecesarias y perjudiciales.
Obligaciones Impuestas
El borrador establece que a partir del 1 de junio de 2025, todas las explotaciones ganaderas deberán contar con un Plan Sanitario Integral. Este plan deberá ser diseñado por un veterinario de explotación, a menos que la explotación pertenezca a una Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG), a una entidad asociativa o a una integradora. Este requisito implica que las explotaciones independientes deberán incurrir en costos adicionales para contratar los servicios de un veterinario, una medida que ASAJA y COAG consideran una imposición burocrática sin justificación en la normativa europea.
Reacciones de ASAJA y COAG
ASAJA y COAG han criticado duramente esta normativa, subrayando que ninguna de estas imposiciones deriva de la normativa europea y que se trata de medidas burocráticas que no aportan mejoras reales en el cuidado, la sanidad y el bienestar de los animales. «Se priorizan los intereses económicos del lobby veterinario frente a la eliminación de cargas burocráticas a los ganaderos», afirman las organizaciones.
Impacto Económico y Administrativo
Las nuevas obligaciones, según ASAJA y COAG, implican una carga económica significativa para los ganaderos. La contratación de un veterinario de explotación puede representar un gasto considerable, especialmente para las pequeñas explotaciones. Además, la implementación de un Plan Sanitario Integral y la incorporación de los SIGE suponen una carga administrativa adicional que muchos ganaderos consideran innecesaria y complicada.
Costos Estimados
El costo de contratar un veterinario de explotación puede variar ampliamente, pero se estima que puede oscilar entre 1.000 y 3.000 euros anuales por explotación. Este gasto se suma a otros costos operativos que las explotaciones ganaderas ya deben enfrentar, como la alimentación y el mantenimiento de los animales, lo que podría poner en riesgo la viabilidad económica de las pequeñas explotaciones.
El Papel de los SIGE
El borrador también pospone hasta el 1 de junio de 2025 el periodo en el que los SIGE deberán incorporar los Planes Sanitarios Integrales, pero mantiene la obligatoriedad de que las explotaciones que ya debían contar con un SIGE sigan teniendo que hacerlo a partir de esa fecha. Este requerimiento añade una capa adicional de complejidad y burocracia para los ganaderos.
El Clamor de los Ganaderos
Las organizaciones agrarias siguen sin entender el empeño del Ministerio por incorporar estas nuevas cargas burocráticas. «Rechazamos las imposiciones del veterinario de explotación, el plan sanitario integral, el plan de bienestar animal o el SIGE. Ninguna de estas imposiciones deriva de la aplicación de normativa europea, sino que se trata de apuestas exclusivamente de país con un rol burocrático», sostienen los representantes de COAG y ASAJA.
Demandas y Propuestas
ASAJA y COAG exigen la eliminación total de estas imposiciones. Una prórroga de la entrada en vigor de la normativa no es suficiente, argumentan. Las organizaciones proponen que se adopten medidas más prácticas y menos costosas para los ganaderos, enfocándose en soluciones que realmente mejoren el bienestar animal sin añadir cargas innecesarias.
El borrador del Real Decreto presentado por el Ministerio de Agricultura ha generado una fuerte oposición entre los ganaderos y las organizaciones agrarias. A pesar de los compromisos adquiridos por el ministro Planas en el Foro de Ganadería Extensiva en Toledo, las nuevas regulaciones siguen imponiendo obligaciones que las organizaciones consideran innecesarias y perjudiciales. La exigencia de contratar un veterinario de explotación y la implementación de los SIGE son vistas como medidas burocráticas que no aportan beneficios reales a las explotaciones ganaderas. ASAJA y COAG continúan luchando por la eliminación de estas imposiciones y por la adopción de medidas más razonables y menos costosas para los ganaderos.
