En una sentencia sin precedentes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de origen agrario y ganadero en Castilla y León. Este fallo, fechado el 14 de marzo de 2024, pone de relieve, según informan desde Ecologistas en Acción, la grave situación ambiental que enfrenta una de las regiones más extensas de España, afectada por la intensiva actividad ganadera y agrícola.
Sentencia completa: STJUE_Nitratos_España3
El Contexto de la Controversia
La Junta de Castilla y León ha sido señalada directamente por el Tribunal y la Justicia Europeo por no establecer las medidas necesarias para combatir la contaminación por nitratos en zonas vulnerables. A pesar de haber designado estas áreas, las acciones llevadas a cabo han sido insuficientes para frenar el deterioro de la calidad del agua, crucial para el consumo humano y la biodiversidad regional.
El fallo subraya la falta de estudios científicos que avalen las prácticas actuales de fertilización en terrenos inclinados, así como la tardanza y la ineficacia del Programa de Actuación implementado por la Junta en 2022. Este programa, destinado a mitigar la contaminación por nitratos, ha permitido dosis excesivas de abonos nitrogenados y la expansión de macrogranjas, especialmente de ganado porcino, en zonas críticas.
Las Consecuencias de la Sentencia fijado por la Justicia Europea
La condena del Tribunal Europeo no solo implica una llamada de atención a las autoridades regionales y nacionales, sino que también destaca la necesidad de una reevaluación profunda de las políticas ambientales y agrarias en Castilla y León. Ecologistas en Acción ha resaltado esta sentencia como un punto de inflexión, instando a una moratoria inmediata en la autorización de nuevas macrogranjas en zonas vulnerables y a la adopción de un modelo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
Este organismo ambiental critica, según publica Ecologistas en Acción en un comunicado de prensa, la preferencia de la Junta por los intereses de la ganadería industrial sobre la salud pública y la preservación del medio ambiente. Asimismo, resalta la contradicción entre las autorizaciones ambientales otorgadas a grandes granjas porcinas y las regulaciones existentes, que prohíben el vertido de purines en áreas sensibles.
El Camino Hacia el Cambio
La sentencia de la justicia europea abre el debate sobre la necesidad de transitar hacia un modelo agrícola y ganadero más sostenible en Castilla y León. La promoción de la ganadería extensiva, la agricultura ecológica y la protección de las pequeñas explotaciones son esenciales para garantizar un futuro más verde y saludable para la región.
La decisión judicial invita a una reflexión sobre las políticas actuales y su impacto en el medio ambiente y la salud pública. Requiere de medidas urgentes que no solo aborden la contaminación por nitratos sino que también promuevan prácticas agrícolas y ganaderas responsables y sostenibles.
Recomendaciones
La condena de España por la justicia europea es un llamamiento urgente a revisar y mejorar las políticas ambientales y agrícolas en Castilla y León, aseguran desde Ecologistas en Acción. Es imperativo que las autoridades, tanto regionales como nacionales, tomen acciones concretas para revertir esta situación y prevenir futuras contaminaciones. Solo así será posible asegurar la protección efectiva del medio ambiente y la salud de los ciudadanos en una de las regiones más emblemáticas de España.
Para ello, la organización ambiental considera imprescindible una moratoria inmediata de todas las macrogranjas ganaderas en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, como la declarada por las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha o Cataluña, en coherencia con la prohibición contenida en el nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero de nuevas concesiones de agua para estas explotaciones, que la Junta de Castilla y León se resiste a asumir.
Ecologistas en Acción pide al Gobierno regional, tras la sentencia de la Justicia Europea, que se incorpore así con seriedad al debate sobre las macrogranjas y el modelo alimentario que representan, frente a la tradicional ganadería extensiva y a la agricultura y ganadería ecológicas, adoptando medidas que protejan el medio ambiente, la salud de la ciudadanía y de los consumidores y los pequeños ganaderos de Castilla y León, sacrificados por la Junta en su apuesta por las macrogranjas industriales.
