El nuevo proceso de planificación del gasto de la UE en desarrollo rural resulta demasiado largo y complejo, con deficiencias que comprometen el rendimiento y los resultados, según un informe del Tribunal de Cuentas Europeo. Los auditores constaron asimismo que, pese a los esfuerzos de la Comisión Europea, los programas no comenzaron a ejecutarse antes y el inicio del gasto fue más lento que en el período anterior.
La política de desarrollo rural de la UE tiene como objetivo hacer que la agricultura sea más competitiva, garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y las comunidades rurales. La UE tiene previsto destinar a la política de desarrollo rural casi 100.000 millones de euros para el período 2014‑2020.
El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural presta apoyo financiero a las acciones llevadas a cabo por los Estados miembros a través de los programas de desarrollo rural nacionales o regionales, que son elaborados por los Estados miembros y aprobados por la Comisión.
«Planificar para un nuevo período siempre tiene el problema de deber comenzar antes de contar con datos suficientes y pertinentes de períodos anteriores», ha señalado Janusz Wojciechowski, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo encargado del informe. «Hemos visto que los documentos de programación son demasiado complejos y voluminosos y aún no se centran lo suficiente en los resultados esperados».
Los auditores examinaron si el nuevo marco legislativo de la UE para 2014‑2020 refleja una mayor orientación al rendimiento y si el nuevo proceso de programación produce programas de desarrollo rural de buena calidad que generen mejores resultados.
La conclusión fue que, si bien el marco estratégico perseguía un enfoque centrado en los resultados, los programas aprobados son largos y complejos con deficiencias que obstaculizarán la consecución de los ambiciosos objetivos de mayor orientación al rendimiento y los resultados. Los auditores también analizaron la programación de la política de desarrollo rural de 2014‑2020 para determinar si había permitido una más pronta ejecución de los programas y, por lo tanto evitar las consecuencias negativas de los retrasos. La conclusión fue que, pese a los esfuerzos de la Comisión, los programas no empezaron a ejecutarse antes y el inicio del gasto fue más lento que en el período anterior.
Para mejorar el proceso, los auditores recomendaron que, en el futuro, la Comisión debería:
• asegurarse de que sus propuestas contribuyan a la coherencia entre los programas;
• simplificar los documentos de programación y reducir el número de requisitos;
• trabajar con los Estados miembros para garantizar que los informes de 2019 proporcionan información clara y exhaustiva;
• definir con más precisión los distintos tipos de indicadores;
• hacer balance de la experiencia obtenida en la ejecución del sistema actual;
• elaborar con tiempo sus propuestas de política de desarrollo rural después de 2020.
Los auditores también recomiendan al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión que consideren la posibilidad de ajustar la estrategia a largo plazo al ciclo presupuestario y de proceder a un análisis exhaustivo del gasto antes de que se establezca un nuevo presupuesto a largo plazo.
El Informe Especial n.º16/2017: «Programación de desarrollo rural: hace falta menos complejidad y más orientación a los resultados» estará disponible en el sitio web del TCE (eca.europa.eu) en 23 lenguas de la UE.
