La eurodiputada del PP Esther Herranz ha calificado de “muy satisfactorio” el acuerdo político alcanzado ayer entre el Consejo de Ministros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo sobre la revisión intermedia de la Política Agrícola Común (PAC), en espera de la próxima reforma prevista para después del 2020.
“El acuerdo agrícola recoge gran parte de las reivindicaciones españolas, como el aumento de las ayudas a los jóvenes agricultores y el fin de las penalizaciones a los ganaderos de las zonas de dehesas, al igual que facilita la aplicación de las exigencias ecológicas introducidas tras la última reforma agraria”, destacó Herranz.
La negociación se ha inscrito en el marco de los debates sobre el denominado reglamento “Omnibus”, cuya finalidad es la revisión de todo el marco financiero plurianual para el periodo 2014-2020.
Una de las grandes batallas de esta negociación para España ha sido mejorar la definición de pastos permanentes, ya que no cubría a los pastos mediterráneos, como las dehesas, con abundancia de especies leñosas, lo que se tradujo en penalizaciones injustificadas a los ganaderos españoles.
Tras discusiones muy intensas, en la última ronda negociadora interinstitucional este punto ha quedado definitivamente zanjado, teniéndose en cuenta la realidad de los pastos mediterráneos, que se diferencian claramente de las tierras con predominancia de plantas herbáceas.
“El cálculo de las ayudas a los pastos mediterráneos, a los que se les tiene que reconocer su gran valor medioambiental, se encontraba distorsionado por la definición en vigor, más ajustada a los pastos de las regiones del Norte de Europea”, explicó la eurodiputada,
Herranz destacó, por otra parte, que se ha logrado aumentar sustancialmente las ayudas directas para los jóvenes agricultores, con el objetivo de apoyar el relevo generacional en el sector agrícola. Las subvenciones adicionales a los jóvenes podrán ser hasta un máximo del 50 por ciento superiores a la ayuda básica, frente al 25 por ciento actual, y desaparecerán los limites mínimo y máximo de hectáreas por explotación.
Por otra parte, Herranz añadió que se ha conseguido mejorar la capacidad de actuación de las organizaciones de productores al extender a todos los sectores agrícolas la posibilidad de gestionar conjuntamente su producción y proceder a negociaciones colectivas con los otros operadores de la cadena alimentaria, posibilidad hasta ahora reservada solo a los sectores de la leche, el aceite de oliva, el vacuno y los cereales.
A petición del Parlamento Europeo se ha logrado igualmente flexibilizar las exigencias medioambientales introducidas en la última reforma de la PAC para acceder a los pagos directos, con el fin de facilitar su aplicación por parte de los agricultores, haciendo especial hincapié en la mejora de las condiciones para promover los cultivos proteicos fijadores de nitrógeno.
A raíz igualmente de las demandas del Parlamento, la Comisión Europea ha presentado una declaración aneja al acuerdo en la que se compromete a presentar antes de junio del 2018 una propuesta para la mejora de las relaciones entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria. Este era un asunto crucial para la Eurocamara, que defiende la puesta en marcha de un marco legislativo para regular las prácticas abusivas ejercidas en detrimento sobre todo de los agricultores y ganaderos.
Otro elemento positivo acordado ha sido impulsar las ayudas destinadas a financiar créditos y garantías bancarias para los agricultores, lo que permitirá lograr un efecto multiplicador de los fondos públicos. Esos instrumentos cubrirán las ayudas para la primera instalación de los jóvenes agricultores, entre otras medidas.
Mejoras en el sector del vino
Respecto al sector del vino, Herranz también destacó que el reglamento “Ómnibus” introduce “importantesmejoras en relación con la gestión de las autorizaciones de plantación”, como solicitaba España.
Esas mejoras consisten en un reparto más equitativo entre los viticultores solicitantes de autorizaciones de nuevas plantaciones; un trato prioritario a los jóvenes de empresas instaladas en las regiones productivas, y la eliminación del derecho a acceder a esas autorizaciones para los viticultores que dispongan de viñedos ilegales.
