El Pleno del Congreso aprobará definitivamente este jueves, 26 de junio, la Ley de Representatividad Agraria que, tras su paso por el Senado, ha incluido casi una veintena de enmiendas, todas a propuesta del PP, entre las que destacan la decisión de retrasar la celebración de la primera consulta.
Y es que si inicialmente el Gobierno decidió que las primeras 'elecciones' se celebraran como máximo un año y medio después de la entrada en vigor de la ley –lo que las situaba hacia otoño de 2015–, finalmente los 'populares' han modificado el texto para que la consulta se realice a partir de la aprobación del Reglamento, lo que automáticamente significa aplazar el proceso.
Mientras tanto, el Comité Asesor Agrario seguirá existiendo con la misma composición y funciones, ya que no puede ser sustituido hasta que los profesionales agrarios no elijan a sus nuevos representantes, que deberán conformar el nuevo Consejo Agrario en un plazo máximo de seis meses desde las 'elecciones'. Por eso, el PP ha aprobado otras enmienda en la que se prevé que «hasta la proclamación de los resultados de la primera consulta mantendrán su condición de organizaciones profesionales agrarias más representativas aquéllas que la tuvieran reconocida» al amparo de la ley actualmente en vigor, que fue aprobada en 2009.
Por otra parte, las enmiendas del partido que da sustento al Gobierno afectan a uno de los aspectos más controvertidos del proyecto de ley, la elaboración del censo, ya que eleva de 3.000 a 5.000 euros la cantidad mínima anual que se debe recibir vía pagos directos exclusivamente o vía Política Agrícola Común (PAC) para ser considerado profesional agrario.
Además, precisa uno de los cambios incluidos durante el paso de la ley por la Cámara Baja, ya que se puntualiza que habrá «al menos» una mesa por provincia e isla, clarificando así la posibilidad de que se limitara a un único lugar donde votar en cada provincia. Además, el límite de 500 votantes será por mesa, y no por una, ya que se «estima que ése es el máximo adecuado a una votación simultánea en un solo día», y se obliga a que el número de papeletas sea igual al censo de cada mesa pero no superior.
Finalmente, se ha incluido un nuevo capítulo en el proyecto de ley para regular la naturaleza, adscripción, funciones, composición y funcionamiento del Consejo Agroalimentario del Estado, un nuevo órgano colegiado consultivo que asesorará a la Administración General en aspectos relacionados con la política agraria y alimentaria.
En el Consejo, adscrito al Ministerio de Agricultura, participarán las asociaciones y organizaciones representativas de los diferentes operadores de la cadena alimentaria, y su función será conocer e informar diferentes asuntos de interés para el sector, asesorar al Ministerio en la definición de objetivos y políticas para la mejora de su competitividad y conocer los resultados de las diferentes acciones que se pongan en marcha en relación con la cadena alimentaria.
La composición y el funcionamiento del Consejo quedará determinado reglamentariamente, «asegurando la inclusión de las organizaciones y asociaciones más representativas de los sectores de la producción y las cooperativas, la industria y los trabajadores del sector agroalimentario, la distribución y los consumidores». Además, formarán parte de este organismo miembros de los ministerios con competencias en la cadena alimentaria.
El funcionamiento de este Consejo en ningún caso podrá suponer un incremento de gasto público ni de personal, y deberá ser atendido por los medios materiales y funcionarios del Ministerio de Agricultura.
