La noticia saltaba ayer por la tarde. Un grupo de veterinarios decidía encerrarse en las dependencias de la Consejería de Agricultura y Ganadería mientras se celebraba una formación para la preparación de la prueba de oposición pública de este cuerpo. El objetivo, hacer patente su hartazgo por la convocatoria de oposiciones que pretende llevar a cabo la Junta de Castilla y León y que sacará a concurso público 400 plazas en esta rama en los próximos meses. ¿Los manifestantes? Unos 80 interinos – de los 2.000 existentes en la comunidad- que llevan trabajando entre 15 y 20 años en la función pública.
Desde las nueve de la noche hasta las tres de la tarde, los encerrados han mantenido asambleas en el interior del edificio y denunciaron que se les había “prohibido el contacto con la prensa e incluso no tenían acceso a comprar comida”. Sin embargo, a primera hora de la mañana han salido a las puertas para hablar ante los medios de comunicación y explicar su situación: “Hay un acervo normativo a nivel nacional y autonómico que exige que en la rama sanitaria sea valorada la experiencia de los servicios prestados, pero esto no se da” comenta Juan Carlos Alonso representante de los interinos.
Veterinarios manifestantes: «Recurriremos el concurso abierto y le pediremos la paralización cautelar del proceso»
Si no se valora esa experiencia se debe concurrir a oposición pública pero, si se valorase, se debería hacer a través de concurso oposición como sucede en el resto del sistema sanitario -su especialidad no está reconocida como sanitaria-asistencial sino que se mete dentro del grupo de salud pública y seguridad alimentaria-. Ellos piden que se lleve a cabo esta última opción con una prueba que en ningún caso suponga una valoración final superior al 40 por ciento, dejando el 60 restante a los méritos -y su antigüedad-.
Alonso asegura que el último proceso selectivo en un plan de estabilidad laboral fue en 2007 -con algo menos de 30 plazas- y desde entonces no se ha vuelto a convocar ninguna otra prueba. La responsable de esta tensión, según los interinos, es la viceconsejera de Función Pública: “Intenta meternos en administración especial en todo momento en lugar de estar incluidos en la sanitaria, recurriremos el concurso abierto y le pediremos la paralización cautelar del proceso” anunciaba Juan Carlos Alonso. Es más, “pedía perdón” a los funcionarios públicos que se pudieran ver perjudicados.
El otro punto de vista
Y es esa otra parte, la de los funcionarios públicos, la que ha querido explicar de primera mano el punto de vista del conflicto a Agronews. Uno de los veterinarios, que prefiere mantenerse en el anonimato, ha querido explicar su versión a este medio. Dicen sentirse “poco escuchados” y echa la culpa a los convocantes de “perpeturarse” en la interinidad: “He querido opositar toda mi vida a la Junta y no nos han dejado, llevan así 15 años”.
Asegura que el sindicato convocante del encierro no permite sindicarse a gente que no pertenezca a la Administración, solo representa a los interinos que quieren entrar y hace un desglose pormenorizado de los procesos selectivos que, desde 1983 se han llevado a cabo: el primero de los cuatro con más de 600 personas -presentando una memoria-, una segunda oposición en 2005 tipo test que sirvieron para consolidar puestos, otras en 2006 con diez plazas y éstas últimas, las de 2007, que son las últimas que resultaron paralizadas.
Sin embargo, el citado veterinario explica a AgroNews los motivos por los que, según su testimonio, se llevó a cabo esta suspensión de la prueba: “Estas plazas empezaron a ser recurridas por este sindicato, consiguieron pararlas durante más de diez años, una década en la que pudieron negociar mejoras o pedir a la administración que convocasen unas oposiciones, pero no, nunca les interesó hacerlo” denuncia.
«Quieren entrar sin estudiar, tienen todos los privilegios del mundo, llevan así 15 años»
Unos puestos de trabajo que, según cifra, generan unos salarios entre 2.500-3.000 euros al mes a los interinos y que pueden compatibilizarse con la clínica privada: “No hay ningún veterinario menor de 40 años y los pocos que hay superiores a esta edad se cuentan con la mano. Hay mucha gente a punto de jubilarse y quieren entrar sin estudiar, tienen todos los privilegios del mundo. Somos miles de veterinarios los que agradecemos a la Junta que, por fin, se convoquen bolsas de empleo y una oposición pública” lamenta. Es más, dice que los jóvenes no tienen más remedio que ir a opositar a Castilla La Mancha, Madrid, Asturias o Cantabria donde existen oposición abierta y en esta comunidad se quedan sin poder hacerlo: “Luego nos quejamos de despoblación” aduce.
Otro argumento de la manifestación que desmonta, este veterinario que ha preferido mantener el anonimato, es el de la “pérdida de conocimientos” que supondría esta nueva prueba y que dejaría a los interinos con tantos años sin trabajo, ya que «no es real».
Dos maneras de ver el conflicto que sigue sin en un callejón sin salida. De momento.
