La Justicia ha anulado por segunda vez consecutiva la creación del Consejo Regional de Medio Ambiente que había sido denunciado por la organización Ecologistas en Acción después de que considerasen injusto el reparto de los representantes que tomaban decisiones en dicho órgano, de carácter consultivo pero de cuyas opiniones salían propuestas legislativas, y cuyas vocalías estaban formadas en mayor proporción por representantes de la Administración pública (funcionarios de libre designación y políticos de cargo) que por representantes de organizaciones sociales.
Según ha explicado el presidente de la organización ecologista Miguel Ángel Ceballos, en una rueda de prensa a la que ha acudido Agronews, el único poder que tenían era el de votar “a mano alzada” y la decisión que tomaron influía directamente en el derecho de participación de otras organizaciones a la hora de votar en plenos y comisiones.
Ese consejo ya fue suspendido una vez, en 2016, para cumplir con otra sentencia judicial aunque en aquel entonces fueron razones “administrativas” las que provocaron su anulación: “Aún así entonces ya denunciamos las deficiencias que se estaban produciendo en este aspecto y en la composición del Consejo pero formaron uno prácticamente igual” añadió Ceballos. Así, se conformó una mesa en la que llegaron a haber más de 30 miembros de los 41 en total procedentes de la Administración Pública y dejando en dos los representantes de las organizaciones medioambientales.
Por ello, han pedido al presidente de la Junta que se reúna con estas organizaciones para que se cree un “verdadero” órgano de participación “que cierre el bucle y encasquillamiento” que produce la situación del Consejo Regional de Medio Ambiente: “Si recurren la sentencia -se puede hacer ante al Supremo- o crean un órgano similar, se crearía un problema de inseguridad jurídica importante para la Junta” reconoce el abogado que ha llevado el caso también miembro del extinto consejo Luis Oviedo.
Reconoce que ha sido positiva la unificación de los distintos consejos en uno de carácter regional que se produjo en el año 2012, pero considera que ahora se debería abrir una vía de diálogo para que se pueda equiparar el Consejo Consultivo en Castilla y León al Consejo Asesor del Estado que, siendo impulsado también por el PP pero a nivel nacional, sí cuenta con la participación de las organizaciones medioambientalistas.
Además, Ecologistas en Acción ha aprovechado la comparecencia para pedir la ejecución de otras dos medidas: que se cumpla con el plan de Residuos en Castilla y León que no se ha puesto en marcha aún y la comisión de seguimiento del vertedero de Santovenia que es el único en la comunidad que no cumple con los estándares de calidad exigidos.
