Esta semana la Consejería de Juan Carlos Suárez Quiñones recibía un nuevo varapalo judicial después de que se anulase el decreto por el que el Plan de Gestión del Lobo que regula, entre otros aspectos, la calificación al norte y sur del Duero y su catalogación, quedaba anulado por una sentencia que daba la razón a la asociación ecologista Ascel. Una noticia que llega después de que el Consejo Asesor de Medio Ambiente, órgano encargado de elaborar y dictámenes u opiniones de este área, fuese también tumbado por la justicia después de que se determinase que existía una desigualdad entre miembros pertenecientes a la Administración Pública y aquellos que provenían de organizaciones sociales relacionadas con la materia. De hecho, más de 30 de los 41 miembros eran funcionarios.
En esta ocasión ha sido la organización Ecologistas en Acción, a quien el tribunal dio la razón en este último caso así como determinados artículos de la Ley de Caza de Castilla y León, quien se ha expresado en una entrevista que recoge Agronews: «Es escandaloso la cantidad de sentencias que se han manifestado en contra de su propia legislación, ya es hora de que tanto José Angel Arran ocmo el Consejero Juan Carlos Suárez Quiñones asuman responsabilidades que pasan por dimisiones o expulsiones. Son cargos públicos que han demostrado que no están haciendo bien su trabajo» resalta Carolina Martín portavoz de la asociación.
«Es curioso que Suárez Quiñones, que es juez, no entienda una sentencia tan clara»
Asegura que «no va a entrar en valoraciones» sobre si «hay intereses en beneficiar a determinados lobbys de la comunidad o si , diretamente, son incompetentes» pero las últimas resoluciones judiciales y que, según el Consejero «solo se deben a errores de forma» dando así continuidad al Plan del Lobo en Castilla y León: «Es curioso que el consejero, que es juez, no entienda unas sentencias que son tan claras, no existen argumentos científicos independientes para avalar este Plan y además tampoco pasó por el Consejo Asesor que está anulado, ahora la consejería no lo tiene todo. No es un defecto de forma, sino de fondo» explica.
Ante el temor de que se enquiste la situación en el tiempo, con decretos contínuos futuros que sigan manteniendo en líneas generales los planes, Martín cree que la mejor solución es la destitución en los principales cargos de la Consejería: «No sabemos si por especial interés, por desinterés porque no lo saben hacer mejor no pueden continuar en este cargo» zanja.
