La Unión de Uniones se enfrenta a un desafío legal significativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Esta batalla legal, que subraya la importancia de los derechos de los agricultores y regantes en España, gira en torno al incumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo por parte del MITECO, con implicaciones directas en la eficiencia y los costos del regadío agrícola.
Desafío Legal
En noviembre de 2021, la Unión de Uniones presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, acusando al MITECO de inactividad.
La disputa se centra en la Disposición final cuadragésima quinta de la Ley 11/2020, que obligaba al Gobierno a establecer un contrato de acceso para regadío con doble potencia.
Este contrato prometía un ahorro sustancial a los regantes, permitiendo la contratación de una potencia más económica fuera del calendario de riegos.
Resolución del Tribunal Supremo
En marzo, el Tribunal Supremo falló a favor de la Unión de Uniones, reconociendo el incumplimiento del MITECO y exigiendo la elaboración y aprobación de la normativa correspondiente en un plazo de seis meses. Sin embargo, el MITECO no cumplió con esta sentencia, lo que llevó a la Unión de Uniones a presentar una demanda de ejecución de sentencia.
Implicaciones y Reacciones
La inacción del MITECO no solo incumple la ley, sino que también desatiende una sentencia del Tribunal Supremo, generando frustración y descontento entre los agricultores y regantes. La Unión de Uniones, determinada a luchar hasta el final, busca respeto y cumplimiento de los derechos legalmente reconocidos de los agricultores.
Próximos Pasos y Reclamaciones Económicas
La Unión de Campesinos de Segovia-UCCL considera la posibilidad de reclamar compensación por los perjuicios económicos causados a los regantes debido a la falta de disponibilidad de este contrato de doble tarifa. La decisión pendiente del Tribunal Supremo será crucial para determinar los próximos pasos en esta lucha legal.
