La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha presentado una serie de observaciones críticas al proyecto de Real Decreto que modifica el RD 787/2023, relacionado con la identificación y registro de especies animales. En el centro del debate se encuentra la extensión del uso obligatorio de crotales electrónicos en bovinos, una medida que, si bien responde a compromisos gubernamentales y normativas europeas, genera fuertes discrepancias en el sector ganadero español.
El proyecto de Real Decreto, que posterga hasta el 30 de junio de 2025 la obligatoriedad de los crotales electrónicos en bovinos, ha suscitado críticas contundentes por parte de la Unión de Uniones. Según argumenta esta organización, si bien el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) busca alinearse con las directrices europeas sobre identificación electrónica, la normativa comunitaria no impone dicho requisito de forma obligatoria, dejando margen para la adopción voluntaria por parte de los ganaderos.
Imposición de crotales eléctricos
En un comunicado oficial, la Unión de Uniones señala que la imposición de crotales electrónicos podría tener repercusiones económicas adversas para muchos operadores del sector ganadero, quienes enfrentarían costos adicionales significativos sin obtener beneficios directos claros. «Los ganaderos seremos los más afectados por esta medida, mientras que los beneficios recaerán en eslabones superiores de la cadena como mataderos y la administración», declaran representantes de la organización.
Esta postura crítica se fundamenta en estudios de viabilidad que advierten sobre los posibles impactos económicos negativos de una implementación generalizada y obligatoria de la identificación electrónica en la Unión Europea. La Unión de Uniones aboga por la voluntariedad en el uso de crotales electrónicos, argumentando que medidas similares, como la transición del veterinario de explotación de obligatorio a voluntario, han sido recibidas positivamente en el sector.
«Es esencial contar con profesionales en sanidad animal que apoyen nuestro trabajo, pero imponer requisitos de manera inflexible genera resistencia y dificultades en su aplicación efectiva», destacan desde la Unión de Uniones. La flexibilización en los plazos para la implementación de planes de bienestar animal e instalaciones, así como para el Sistema Integral de Gestión de Explotaciones (SIGE), también es vista como una demanda justa y necesaria por parte de la organización.
Además del debate sobre los crotales electrónicos, la Unión de Uniones aprovecha para instar al MAPA a revisar la obligatoriedad del Plan Sanitario Integral, considerando que va más allá de lo exigido por la normativa europea y representa una carga administrativa adicional para los ganaderos. Según los representantes de la organización, la simplificación de estos requisitos administrativos no solo facilitaría la gestión diaria en las explotaciones ganaderas, sino que también optimizaría los recursos disponibles en el sector.
El ministro de Agricultura, quien ha expresado su compromiso con la revisión y simplificación de estos planes durante el Foro de Ganadería Extensiva, ha sido mencionado en varias ocasiones como parte de las discusiones entre la Unión de Uniones y el MAPA. La organización asegura que continuará participando activamente en las mesas de seguimiento para garantizar que las voces y preocupaciones de los ganaderos sean escuchadas y consideradas en las decisiones regulatorias futuras.
En resumen, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos emerge como un actor clave en el debate sobre las políticas ganaderas en España, abogando por una regulación que promueva la flexibilidad y la participación voluntaria, mientras protege los intereses económicos y operativos de los ganaderos frente a medidas que podrían imponer cargas financieras adicionales sin un beneficio claro y directo para el sector.
En contraste con las críticas de la Unión de Uniones, algunos sectores defienden la implementación obligatoria de crotales electrónicos como una medida necesaria para mejorar la trazabilidad y la seguridad alimentaria. Argumentan que la identificación electrónica facilita la gestión de enfermedades animales, la prevención del fraude y el cumplimiento de estándares sanitarios más rigurosos, alineándose con las normativas europeas más estrictas. Además, destacan que la tecnología ofrece beneficios a largo plazo al proporcionar datos precisos que pueden ser utilizados para mejorar la eficiencia y la calidad en toda la cadena de producción ganadera.
Por otro lado, la Unión de Uniones subraya que cualquier avance regulatorio debe equilibrar los beneficios potenciales con las cargas económicas y operativas impuestas a los ganaderos. Es crucial, según ellos, que las decisiones políticas se basen en evaluaciones exhaustivas de impacto y en consultas amplias con todas las partes interesadas del sector ganadero. Esta postura refleja un enfoque pragmático hacia la regulación, buscando asegurar que las medidas implementadas sean efectivas y viables en el contexto específico de la agricultura y la ganadería españolas.
