Es evidente que algo está pasando en la relación entre agricultores y la Confederación Hidrográfica del Duero, baste como dato el aluvión de reuniones que ha mantenido en la última semana el presidente de la entidad de cuenca con algunas organizaciones agrarias en las que la delicada situación que viven algunas de los sistemas fluviales que gobierna la CHD como consecuencia de la ausencia de precipitaciones no ha sido el eje central de los encuentros y si el malestar general de los regantes con las sanciones que están llegando a lo que se suma las trabas burocráticas que se están viviendo en los últimos meses, a lo que se suma la ya tradicional “lentitud burocrática” que se vive en el edificio de la calle Muro de Valladolid.
Las fuentes del sector a las que ha tenido acceso AGRONEWS han puesto de manifiesto que buena parte de los problemas que se viven son consecuencia de la tendencia “medio ambientalista” que domina en la Confederación frente a una “visión agraria” que los regantes lamentan que se ha perdido en los últimos tiempos, siguiendo un poco la línea marcada desde Bruselas donde esos criterios dominan.
Pero más allá de principios filosóficos o de planteamiento general que se encuentran muy lejos de las parcelas de remolacha o patata, lo cierto es que la situación actual está provocando, por ejemplo, que se escuchen y se conozcan que proyectos que afectan a más de 500 hectáreas de viñedo, perfectamente legalizadas con sus derechos de plantación, en una de las principales Denominaciones de Origen de la región, se encuentren en estos momentos con la “espada de Damoclés” de la Confederación sobre la cabeza o que se pueda escuchar a un agricultor en la reciente Feria Agraria como ha tenido que renunciar a sembrar 50 hectáreas de patata, “he tenido que devolver la semilla”, ante las multas que llegan desde la CHD y las advertencias de nuevas sanciones, “sin agua, no tenemos futuro, no podemos trabajar”
Las casuísticas en uno y otro caso son muy diferentes, pero la realidad es que el sector ha apostado por modernizar las explotaciones sobre la base de una disponibilidad de agua que, ahora, por un motivo u otro, no existe, ofreciendo en muchos casos la Confederación la creación de una “Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas”, entidad que no tienen nada de novedosa, como solución a todos estos problemas. Pero algo que sobre el papel, que todo lo soporta, parece algo sencillo e ideal, no lo es tanto cuando se va al día a día del trabajo en el campo, sólo el arranque de los mismos ya presenta importantes problemáticas, aunque localidades como Carpio parecen interesadas en el desarrollo de este sistema.
Son muchas las situaciones que se están viviendo en los últimos meses que están tensando la relación entre la CHD y los regantes que vamos a tratar de relatar. Por un lado, agricultores que están viendo como se les comunica en el Boletín Oficial de la Provincia que la concesión ha caducado al no tener constancia la Confederación de la utilización del mismo en los últimos tres años, algo que hasta la fecha, según cuentan algunos afectados a AGRONEWS, no se hacía.
Además, se están multado con 1.000 euros por hectáreas el hecho de regar superficie por la que no se tenía concesión, se conocen ya sanciones que llegan a los 40.000 euros como consecuencia del riego de pozos que legalizados antes de 1986 en Minas no lo estaban en la Confederación y, por lo tanto, no tiene constancia de la existencia de los mismos, dándose, además, un curioso choque de interpretaciones de la normativa entre unos y otros.
A estos casos se sumaría otros en los que distintos portavoces aseguran que la propia Confederación Hidrográfica del Duero está incumpliendo alguno de los apartados del Plan Hidrológico, en especial el ya famoso artículo 35 en el que se asegura que se “podrán realizarse modificaciones de los derechos de extracción de agua subterránea vigentes en zonas no autorizadas, siempre y cuando no conlleve el incremento de la extracción anual, no estén prohibidas por el programa de actuación para la recuperación del buen estado de la mesa de agua o, en su defecto, por las medidas cautelares adoptadas por la Junta de Gobierno”. Los regantes, denuncian distintos portavoces, soportan una excesiva carga burocrática para modificar las concesiones ya existentes, aunque en muchos casos no se trate de incrementar el gasto de agua, “nos ponen problemas hasta para reparar un pozo”, afirman.
Todas las fuentes coinciden en destacar que esta presión sancionadora y restrictiva tienen el objetivo de “animar” a los regantes a la creación de las ya citadas “Comunidades de Regantes de Aguas Subterráneas”
