Una vez que la Junta de Andalucía ha “tirado la toalla” al pedir al Gobierno central que asuma las competencias del injusto impuesto de sucesiones al no estar dispuesta a reducirlo a los niveles de comunidades autónomas como Madrid, a pesar de que hace que los ciudadanos andaluces sean de segunda clase en España, Asaja Córdoba apuesta por que el Gobierno central acepte la petición de la Junta de Andalucía para que, de forma inmediata, tome la decisión de que los andaluces, por fin, sean, por ejemplo, iguales que los madrileños. No obstante, el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, pide a la Junta de Andalucía que recapacite y lo reduzca ella directamente, ya que sería la medida más rápida y beneficiosa para Andalucía y los andaluces.
Fernández de Mesa destaca que esta carga va “en contra de la actividad económica y, además, es confiscatoria e injusta”. Considera que la Administración autonómica está imputando una riqueza irreal o inexistente por la que injustamente se tiene que tributar, vulnerando el principio de capacidad económica. Además, establece estimaciones en las valoraciones que nada tienen que ver con la realidad.
Asimismo, la eliminación de este impuesto supone traer una fiscalidad más moderna con una mayor actividad económica como se demuestra en la comunidad de Madrid, que cuenta con unas tasas mucho más reducidas en este concepto y recauda más que la Junta de Andalucía.
Fernández de Mesa dice que este es el impuesto de la “demagogia y la injusticia” porque, aunque es cierto que la Junta de Andalucía ha dado un pequeño paso adelante con la reforma que hizo en 2016, deja fuera la realidad de la inmensa mayoría de personas del sector agrario andaluz; y deja el patrimonio no agrario prácticamente igual de mal que antes, en un inexplicable agravio comparativo con otras comunidades autónomas que hace que los andaluces tengan peores derechos que cualquier otro español.
