La nueva directiva europea de Emisiones Industriales amenaza de lleno el futuro del sector porcino y aviar.
Las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, UPA y COAG junto a Cooperativas Agroalimentarias así como distintas asociaciones sectoriales han mostrado el malestar tras la aprobación en la UE de una normativa que va a conducir al cierre a centenares de granjas que se dedican a la actividad ganadera al equipararlas con instalaciones industriales.
Un Cambio Normativo con Profundo Impacto
El sector porcino y avícola se enfrenta a una situación crítica tras la reciente aprobación por el Parlamento Europeo de una propuesta que modifica las normas de la UE sobre las emisiones generadas por las instalaciones industriales. Esta propuesta, que será debatida en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente la próxima semana, plantea una reducción significativa en los límites de tamaño para las granjas que caen bajo el ámbito de aplicación de la Directiva de Emisiones, poniendo en riesgo la continuidad de numerosas explotaciones de pequeño y mediano tamaño.
Impacto en las Granjas Españolas de la Directiva de Emisiones
España, con sus 82.000 granjas porcinas, actualmente tiene solo 6.500 de estas bajo la regulación de la normativa de emisiones, debido a los criterios de tamaño establecidos. Sin embargo, con los nuevos límites propuestos, un número mucho mayor de granjas se verá afectado. Para el porcino, el umbral se reducirá de granjas con más de 750 reproductoras o 2.000 plazas de cebo a aquellas con más de 150 reproductoras o más de 1.160 plazas de cebo. En el sector avícola, la afectación se centra en las granjas de gallinas ponedoras, donde el nuevo límite bajará de 40.000 a 21.400 gallinas, impactando al 98% de los operadores.
Reducción de Emisiones: Un Esfuerzo Insuficientemente Reconocido
El sector porcino ha logrado una reducción del 42,9% en sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) entre 1990 y 2021, un esfuerzo notable que, sin embargo, se traduce en una contribución relativamente menor al total de emisiones de GEI de España, con poco más del 2% para el porcino y menos del 0,5% para la avicultura.
La nueva normativa afectará, en España, al 98% de las granjas de gallinas ponedoras
Desafíos Financieros y Operativos
La adaptación a esta nueva normativa conlleva desafíos financieros significativos para las granjas. La necesidad de obtener una autorización ambiental integrada implica un coste administrativo anual de aproximadamente 3.000 euros. A esto se suman las inversiones requeridas para implementar las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) obligatorias, lo cual, en muchos casos, hará inviable la amortización de estas inversiones y podría llevar al cierre de granjas.
Consultas Públicas: Una Nueva Barrera
Una de las novedades más controversiales de la propuesta es la obligación de someter cualquier ampliación o cambio sustancial en las granjas a una consulta pública. Esta medida es vista por el sector como una puerta abierta para la oposición a la ganadería, que podría dificultar o incluso impedir la obtención de las autorizaciones administrativas necesarias para realizar adaptaciones cruciales, incluyendo las relacionadas con el bienestar animal.
Un Futuro Incierto
La propuesta de modificación de las normas sobre emisiones industriales en la UE representa un momento decisivo para el sector porcino y avícola, según aseguran las asociaciones firmantes de este comunicado de prensa.. A la espera de la reunión del Consejo de Ministros de Medio Ambiente, el sector agrícola aboga por una revisión de la propuesta que permita asegurar la viabilidad de las granjas familiares, fundamentales para la economía rural y la seguridad alimentaria en Europa.
