La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha expresado su posición respecto a la reciente decisión del Gobierno de reducir el IVA del aceite de oliva al 0%, una medida que, aunque favorece al consumidor final, plantea desafíos fiscales significativos para los productores del sector. Esta decisión, que forma parte de un conjunto de medidas destinadas a fortalecer la economía frente a las repercusiones de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como a mitigar los efectos de la sequía, ha generado un debate sobre la equidad fiscal a lo largo de toda la cadena de producción.
IVA del aceite de oliva
El aceite de oliva, piedra angular de la dieta mediterránea y vital para la sostenibilidad del medio rural, se enfrenta a cambios estructurales con la inclusión permanente en el grupo de productos de primera necesidad. A partir del próximo 1 de julio, este alimento esencial pasará a ser gravado con un IVA del 0%, alineándose con productos como el pan, los huevos, las verduras y la fruta, que gozan de un IVA superreducido del 4%. Si bien esta medida pretende aliviar la carga económica del consumidor final, desde la Unión de Uniones se advierte que la implementación debe ser equitativa para evitar desventajas para los productores agrícolas.
Según voceros de la organización, la reducción del IVA podría resultar en un perjuicio fiscal para los agricultores, quienes actualmente soportan un IVA del 21% en los medios de producción necesarios para la recolección de la aceituna. Este desfase impositivo no puede ser recuperado al no poder repercutir este IVA a la industria y distribución de acuerdo con las normativas actuales. «Los agricultores siempre acabamos pagando la fiesta», comentan desde la Unión de Uniones, subrayando la necesidad de ajustes normativos que compensen tributariamente este primer eslabón de la cadena productiva.
En respuesta a esta preocupación, la organización ha presentado enmiendas al Proyecto de Ley, solicitando un reajuste de los regímenes especiales del IVA para agricultores y ganaderos. Esta propuesta busca evitar una competencia desleal y garantizar que los beneficios de la reducción del IVA se distribuyan equitativamente a lo largo de toda la cadena de valor del aceite de oliva. «Es fundamental que cualquier medida destinada a aliviar la carga fiscal del consumidor final se acompañe de ajustes que protejan los intereses de los productores agrícolas», señala un portavoz de la Unión de Uniones.
El Ministerio de Hacienda ha justificado la medida argumentando su impacto positivo en el poder adquisitivo de los ciudadanos y su contribución a la estabilidad económica en tiempos de crisis. No obstante, la implementación de políticas fiscales debe ser analizada desde una perspectiva integral que considere las repercusiones a largo plazo en todos los actores involucrados en la cadena de suministro alimentario.
Además de la reducción del IVA al 0%, el aceite de oliva se incorporará de manera permanente al grupo de productos de primera necesidad. Esta inclusión estructural supone un reconocimiento a su importancia cultural, dietética y económica, pero también implica desafíos administrativos y financieros que deben abordarse con sensibilidad hacia las realidades del sector agrícola.
La Unión de Uniones hace un llamado al Ministerio de Agricultura para que interceda en favor de los agricultores, asegurando que las políticas gubernamentales no solo beneficien al consumidor final, sino que también protejan la viabilidad económica de quienes producen los alimentos. «Es crucial que se establezcan mecanismos que compensen fiscalmente a los agricultores por el impacto del IVA en sus costos de producción», enfatizan desde la organización.
En conclusión, la reducción del IVA del aceite de oliva al 0% representa un paso importante hacia la democratización del acceso a alimentos saludables y culturalmente significativos como parte de la dieta mediterránea. Sin embargo, su implementación debe acompañarse de ajustes normativos que aseguren una distribución equitativa de los beneficios fiscales a lo largo de toda la cadena agroalimentaria. La Unión de Uniones continuará abogando por políticas que protejan los intereses de los agricultores y garanticen la sostenibilidad económica del sector en un contexto global cambiante.
