A finales de noviembre, la Comisión Europea abrió la discusión sobre la PAC post 2020 con la publicación de su Comunicación “El futuro de la alimentación y de la agricultura”. El documento hace una declaración de principios “en pos de una política agrícola común, flexible, equitativa y sostenible”. Una discusión que quedará marcada por factores tan importantes como las perspectivas financieras (presupuesto “post-Brexit”), el nuevo orden de las prioridades en la construcción europea (migración, defensa, seguridad…) y por otros más prácticos, como la reducción de recursos de la DG Agri. Un debate que, por cierto, inicia una Comisión y un Parlamento Europeo que no lo culminarán, porque si la reforma se retrasa se cerrará en la siguiente legislatura.
La Comunicación enuncia algunos objetivos o claves, en términos muy generales, pero permite una primera valoración e invita a tomar posiciones antes de que la Comisión lance su propuesta normativa.
La primera y más profunda preocupación es el riesgo de reducción del presupuesto, dadas las incertidumbres del próximo marco financiero plurianual marcado por el “Brexit”. Un riesgo que la Comunicación de la Comisión aparca a un lado, pero que será determinante.
También existe el riesgo de desmantelamiento o nacionalización de la PAC y de debilitamiento del funcionamiento del mercado único, si –como apunta la Comunicación- fueran los Estados miembro (¿o las regiones?) quienes, “agraciados” con una mayor subsidiariedad, eligieran, cada uno para su territorio, el tipo de medidas financiables, dentro de unos “parámetros básicos” comunitarios.
La declaración de la Comisión a favor del mantenimiento de los pagos directos ha tranquilizado a muchos, especialmente a los beneficiarios de uno de esos pagos que garantiza, en cierta medida, el apoyo a su renta. Pero esa premisa hipoteca la posibilidad de implantar otro tipo de instrumentos más modernos y adaptados a las necesidades de cada momento, como por ejemplo, el establecimiento de un sistema de gestión de crisis grave.
Desde el “prisma hortofrutícola” quiero destacar la ausencia de referencias a nuestro sector (más allá de la relativa al programa de “fruta en las escuelas”) y a nuestro régimen de ayudas, basado en la financiación de los programas operativos (PO) de las organizaciones de productores (OPFH). Sin embargo, si comparamos este régimen con la comunicación de la Comisión se encuentran coincidencias entre los principios que marcan uno y otra.
El sector de las frutas y hortalizas es pionero en atender a las preocupaciones relativas a medioambiente, sostenibilidad y mitigación del cambio climático. Basta con ver la componente medioambiental de las actuaciones de los Programas Operativos (OP) o las características y prácticas agrícolas de este sector en la UE (efecto sumidero de CO2, lucha contra la erosión, expansión de la producción integrada, controlada y ecológica, racionalización en la utilización de inputs y gestión del agua, etc.). Es, además, el sector que más contribuye a la alimentación sana, segura y de calidad de los consumidores comunitarios.
La Comunicación habla del refuerzo del “papel y el funcionamiento eficaz de las Organizaciones de Productores (OP)” para mejorar la “posición negociadora de los productores en la cadena de valor”, “reducir sus costes y aumentar su competitividad de modo que mejoren la recompensa en el mercado”. La figura de OP nació también en el seno de la “OCM de Frutas y Hortalizas” mucho antes de ser exportada hacia otros sectores. Desgraciadamente, en muchos casos, la definición de OP llegó a otras producciones desvirtuada hasta convertirse en “entidades representativas o instrumentales” en vez de en entidades empresariales de comercialización, (las únicas que resultan operativas y útiles para los agricultores…).
Más coincidencias. La Comisión habla de una PAC más orientada a “estimular las inversiones” para que los productores se orienten al mercado y de un “presupuesto centrado en resultados”. Desde hace 20 años, el régimen de ayudas comunitarias de las frutas y hortalizas es un sistema finalista y orientado a resultados y que apoya la inversión para mejorar el posicionamiento de los productores en la cadena alimentaria y la renta que éstos extraen del mercado.
Habla la Comisión de la necesidad de dar más protagonismo a los Estados miembro a la hora de aplicar la PAC. Desde hace años, la “OCMFH” se apoya en “Estrategias Nacionales” que diseñan cada Estado miembro, lo cual, por cierto, no ha simplificado ni eliminado carga burocrática. En efecto, según nuestra experiencia, más simplificación, más subsidiariedad, menos reglamentos comunitarios, no ha conllevado menos burocracia, más seguridad jurídica, más flexibilidad… sino más bien todo lo contrario. Cuando la Comisión otorga más autonomía a los Estados miembro, pero se reserva la “última palabra”, es decir, cuando la Comisión puede juzgar la interpretación de la norma que hicieron las autoridades competentes y desautorizarlas y multarlas a toro pasado, la inseguridad jurídica recorta el margen de maniobra y complica la gestión.
Si hablamos, de gasto, nuestro sistema de ayudas tiene la particularidad de ser cofinanciado por los productores (lo cual supone la mejor garantía de eficacia) y consume una partida presupuestaria ínfima si se compara con su aportación a la producción final agraria, o al empleo generado, o a la industria asociada que mantiene… especialmente en regiones con escasas alternativas de desarrollo rural.
Por todas estas consideraciones y coincidencias, si las futuras propuestas normativas de PAC post 2020 fueran fieles a los principios de la Comunicación de la Comisión (y dejando aparte -también yo-, el futuro del presupuesto de la PAC), sería más bien optimista: las ayudas comunitarias a las frutas y hortalizas, basadas en los PO deberían mantenerse y salir reforzadas. Incluso, si las instituciones europeas fueran realmente valientes y coherentes, este sistema se debería extrapolar a otros sectores. Insisto, se trata de un optimismo “condicionado”, considerando que la revisión del presupuesto de la PAC no haga estragos.
Además de aportar “valor añadido europeo”, se trata de un sistema de ayudas bien adaptado a nuestro colectivo de cooperativas y a nuestro sector hortofrutícola, de ahí que en Cooperativas Agro-alimentarias de España llevemos años defendiéndolo, encontrando siempre el apoyo de las organizaciones homólogas y socias de los principales países productores.
En este contexto, las organizaciones representativas de las Cooperativas del sector de las frutas y hortalizas y de la mayoría de las OP europeas en los principales países productores, Bélgica, Alemania, Francia, Grecia, España, Italia y Polonia hemos fijado una Posición conjunta sobre el futuro del “Régimen de ayudas FH”. Una posición que coincide, en gran medida, con los planteamientos que también vienen defendiendo las administraciones de esos países, entre ellas el MAPAMA.
Bajo el título “Mantener, mejorar y asegurar el régimen de ayudas comunitarias al sector de las Frutas y Hortalizas”, estas siete organizaciones consideramos que esta herramienta es la que mejor se adapta a las necesidades del sector: mejorar la competitividad y la posición del productor en la cadena; concentrar la oferta y mejorar la comercialización; adecuarse a las demandas de la sociedad y promover prácticas respetuosas con el medio ambiente. Así, pedimos preservar una definición específica y empresarial de Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) basada en la función comercial de las mismas y de mantener la obligación de que éstas cuenten con los medios apropiados a los objetivos que deben perseguir. Pedimos también que se continúe apoyando a nivel comunitario, la financiación de los Programas Operativos de esas OPFH, con una ayuda finalista, proporcional al VPC, contenida en el primer pilar y cofinanciada por un presupuesto suficiente.
Entre las propuestas de mejora del sistema para reforzar su efectividad y para dar más seguridad y simplificar su gestión, figuran: mejorar la financiación de los PO de las OPs que más contribuyan a la concentración de la oferta (por ejemplo, las que alcancen un determinado tamaño, o que progresan en dimensión o que sean fruto de proceso de integración/fusión); mejorar la elegibilidad de determinadas acciones; flexibilizar la medida de PGC y en particular mejorar la distribución gratuita; establecer un nivel mínimo de reconocimiento más elevado a nivel comunitario; simplificar, desburocratizar, dar coherencia y seguridad jurídica a los sistemas de control y de auditorías.
Nuestro documento es fruto de la buena entente las organizaciones de cooperativas hortofrutícolas europeas y ha sido adoptada justo cuando se están “cociendo” las propuestas normativas de la Reforma de la PAC, para poder influir desde el principio en las discusiones que ocuparán a Ministerios, Parlamento Europeo y Comisión.
Soy optimista. Optimista “condicionado”.
Por Cirilo Arnandis, presidente del Consejo Sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias de España.
