CCOO de Extremadura y la Federación Agroalimentaria de CCOO han organizado en Mérida las primeras jornadas realizadas en la región que abordan cómo se verá el sistema agroalimentario de la comunidad si se acaba aprobando el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa (TTIP). En este encuentro, que ha sido de gran interés al lograr reunir a todos los actores implicados, el sindicato ha mostrado públicamente su notable preocupación por las repercusiones negativas que pueda tener en cuanto a la calidad y la cantidad del empleo para el sector agroalimentario extremeño.
El secretario general de CCOO de Extremadura, Julián Carretero, recordó que CCOO tiene una posición «contundente y nítida de rechazo tanto en términos éticos como en términos políticos del tratado», por la forma en la que se ha negociado y por su impacto en el empleo y en las normas básicas de calidad de productos importantes en la región, como las Denominaciones de Origen.
Criticó la falta de transparencia con el que se está cerrando este acuerdo entre «dos grandes potencias» y explicó que estas jornadas que está promoviendo la Federación Agroalimentaria de CCOO en varias comunidades españolas tienen como objetivo precisamente hacer consciente a la sociedad sobre las posibles repercusiones del TTIP.
«Se tenía que haber planteado un debate de estas características desde el punto de vista económico, social y político en el conjunto de los estados», aseguró, añadiendo que, ante las dudas que CCOO sobre sus riesgos, el sindicato se ha decidido a organizar estas jornadas con la participación de trabajadores y empresas.
En la misma línea, el secretario general de la Federación Agroalimentaria, Jesús Villar, anunció que CCOO está realizando un «estudio de prospección» con las patronales para saber «exactamente cómo pueden verse afectadas por el TTIP» desde el punto de vista de la «sostenibilidad económica, medioambiental, y social».
Explicó que el impacto en cada sector puede ser distinto ya que el tratado tienen una «gran complejidad y toca modelos de seguridad alimentaria o aspectos como las Denominaciones de Origen». Por ejemplo, apuntó que el sector las aves «puede ser uno de los más dañados», ya que puede acarrear la pérdida de «miles de empleos en Europa», y que se contrapone con el aceite, las conservas vegetales o los cárnicos que se «pueden ver claramente beneficiados».
También subrayó que más allá de la oposición clara de CCOO al tratado, también tiene «la obligación de saber cómo va a afectar en la economía real y cuáles serán los efectos de de la eliminación de aranceles o de barreras técnicas administrativas, que son en ocasiones los verdaderos obstáculos para exportar».
Las jornadas ha congregado a responsables del sindicato, de la Administración, de la Comisión Europea y de los partidos políticos con presencia parlamentaria en Extremadura y a expertos de organizaciones y asociaciones vinculadas al sistema agroalimentario regional.
Así, se ha contado con la presencia de representantes de diferentes subsectores como el cerdo ibérico, el vino, los cereales, el olivo, las frutas, las hortalizas o el tabaco para ver el posible impacto en cada uno de ellos, puesto que sus repercusiones pueden ser diversas.
En la inauguración estuvieron presentes, además de Julián Carretero y Jesús Villar, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; y la consejera de Agricultura, Begoña García.
El Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP)
El Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones, más conocido como TTIP, es un tratado negociado entre Estados Unidos y la Unión Europea que se pretende que entre en vigor este mismo año.
Su concreción está siendo polémica y en caso de que se aprobase definitivamente tendría, sin lugar a dudas, importantes repercusiones económicas y de empleo que, por la relevancia del sector agroindustrial para la economía extremeña, hacen necesario un debate político y social.
Sus objetivos fundamentales son: eliminar o reducir al máximo los aranceles comerciales y las barreras técnicas y legales; desregularizar en beneficio de las grandes corporaciones empresariales; facilitar la libre inversión; y dar a las partes firmantes y a las empresas la capacidad de litigar ante un mecanismo específico de resolución de conflictos.
Las negociaciones, iniciadas formalmente en 2013, se han llevado a cabo de espaldas a la ciudadanía y sin consulta pública efectiva, por lo que la poca información que ha sido publicada, o filtrada, está generando gran inquietud por las posibles repercusiones en nuestros derechos laborales, sociales, medioambientales, de seguridad alimentaria y salud.
El sector agroalimentario es uno de los grandes escollos del tratado, ya que en la UE hay muchas normas que acotan la forma de producción, mientras en EEUU son más laxas. El Gobierno español se manifiesta a favor del acuerdo por la apertura de mercado de unos 315 millones de consumidores, pero marca líneas rojas, ya que la UE tiene un modelo productivo especialmente exigente en cuestiones medioambientales y sanitarias, que da garantías a los consumidores europeos.
La Federación Agroalimentaria de CCOO estima que Extremadura pudiera ser una región claramente beneficiada en términos económicos y de exportación en un número apreciable de productos; especialmente embutidos, conservas vegetales, vinos y aceites: Por el contrario, la región extremeña podría verse perjudicada, aunque no muy significativamente, por el impacto de las importaciones, en los sectores de bovino y granjas de aves.
En todo caso, los estudios realizados por la Federación Agroalimentaria de CCOO alertan de posibles repercusiones negativas en el terreno de las condiciones laborales, en materia de protección del medio ambiente y en la calidad de los productos finales que llegan a los consumidores.
