Los máximos responsables de las organizaciones agrarias COAG y UPA, Miguel Blanco y Lorenzo Ramos, comparecieron el pasado 24 de febrero en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados. Ramos y Blanco asegurando que la futura Ley de Representatividad en las condiciones que ahora se presenta carece de las suficientes garantías democráticas, postando por las elecciones en las que voten « los auténticos profesionales del sector».
El Ministerio de Agricultura, aseguran estas Organizaciones Agrarias, plantea el proceso como una «mera consulta» -no como «elecciones»- para sortear la ley general electoral y las garantías que ésta ofrece, a pesar de que el proceso servirá para medir la representatividad de las organizaciones profesionales, conformar órganos de interlocución como el Consejo Agrario y repartir recursos públicos y el patrimonio de las OPAs. En este sentido, COAG y UPA subrayan que al considerarse una «consulta» no se seguirá la ley general electoral, por lo que no regula ni la campaña ni los gastos electorales, ni controla adecuadamente el voto por correo.
UPA y COAG remarcan, en un comunicado de prensa, que, según recoge el proyecto, sólo habrá una mesa electoral por provincia y alguna otra con el límite de 1.400 votantes por mesa, lo que dificultará la participación de los agricultores dispersos y podría “duplicarse de manera arbitraria” el número de los activos con derecho a voto. De unos 320.000 “profesionales” agrarios reales (personas físicas o jurídicas que cotizan a Seguridad Social agraria), el proyecto de ley podría ampliar el censo hasta 500.000-600.000 votantes, ya que el Ministerio pretende incluir a todos los que cobren más de 3.000 euros de la Política Agraria Común (PAC). Por tanto, podrían votar, en opinión de estas organziaciones agrarias, personas que no son agricultores realmente, incluso jubilados no activos, dueños de inmobiliarias, notarios, profesionales liberales y empresarios de otros sectores que reciban esas ayudas, aunque ya no produzcan.
