El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, se ha reunido hoy, 11 de enero, con los responsables de las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, La Alianza UPA-COAG y UCCL) y la Unión de Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACYL) para abordar la nueva PAC, Política Agraria Común, especialmente el Plan Estratégico Nacional que regirá la misma entre 2023 y 2027
Carnero, en su posterior comparecencia ante los medios de comunicación, ha presentado el resultado de los trabajos llevados a cabo por Castilla y León en la elaboración del Plan Estratégico PAC, cuyo documento inicial se remitió a la Comisión Europea por parte del Gobierno de España el pasado 29 de diciembre.
“Un Plan que no es el que hubiera elaborado Castilla y León”, ha asegurado el Consejero del ramo, lamentando que el texto comunitario suponga más exigencias medioambientales que no lleguen acompañadas de compensaciones para los agricultores y ganaderas, aunque ha destacado que los importes que van a percibir estos, en el periodo 23-27, van a diferir muy poco con las que se están recibiendo hasta la fecha.
AGRICULTOR ACTIVO
Precisamente, en la definición de Agricultor Activo es donde la Junta de Castilla y León se ha mostrado más contraria al modelo aprobado. “En la negociación de las comunidades autónomas con el Gobierno de la nación ha quedado patentes los diferentes modelos de agricultura que existen en España, frente a una agricultura totalmente identificada con el agricultor profesional, como es lo que caracteriza a Castilla y León, existen otros modelos de actividad agraria a tiempo parcial y complementaria” afirmaba Carnero. Esto ha motivado que en la definición de “agricultor” activo”, se tendrá en cuenta aquellos que estén afiliados a la seguridad social agraria por cuenta propia, o aquellos cuyos ingresos agrarios como mínimo representen el 25 % del total de sus ingresos o aquellos que el año anterior perciban menos de 5.000 euros de ayudas directas de la PAC. En consecuencia se va seguir una línea continuista y no excluyente como hasta ahora, lamentaba el consejero de Agricultura de Castilla y León.
La nueva ayuda básica en su conjunto va a pasar de suponer el 56 % de las ayudas directas al 60%, desglosado en lo que será realmente la ayuda básica, 50 %, y un 10[[{«fid»:»58708″,»view_mode»:»media_original»,»type»:»media»,»attributes»:{«height»:364,»width»:569,»style»:»width: 400px; height: 256px; border-width: 5px; border-style: solid; margin: 5px; float: left;»,»class»:»media-element file-media-original»}}]] % correspondiente a la nueva ayuda denominada pago redistributivo, que irá dirigido a compensar en un mayor nivel a las pequeñas y medianas explotaciones.
La Junta de Castilla y León, que defendía que este pago redistributivo fuera exclusivamente a agricultores profesionales, al final ha conseguido que se compense en mayor medida los estratos de superficie mediana que están más identificados con la agricultura profesional. De hecho, las explotaciones de secano de hasta 130 hectáreas verán incrementada su ayuda básica.
La simplificación de las regiones productivas beneficiará a Castilla y León
El sistema de regiones productivas agrarias va a pasar de 50 a 20. El sistema final “beneficia a Castilla y León”, ha valorado en este sentido el consejero. En cultivos de secano se mantiene un sistema equilibrado, en los de regadío se ha conseguido diferenciar en positivo las zonas en las que se está invirtiendo en la modernización de regadío, mientras que los cultivos leñosos se equilibran los pagos para que puedan seguir desarrollándose en la Comunidad. Por lo que se refiere a los pastos, se ha conseguido ajustar la propuesta final para beneficiar a la ganadería extensiva castellano y leonesa.
Además se mantiene el sistema de derechos, se tomarán como referencia los datos de 2022, y la convergencia interna se realizará de forma más pausada, como demandaba Castilla y León, de manera que en 2026 todos los derechos de cada una de las regiones valdrán como mínimo el 85 % del valor medio de cada una de ellas, y en 2029 valdrán igual para cada región.
A partir de 60.000 euros se irán reduciendo las ayudas individuales
Otra de las novedades de la nueva PAC es la limitación de los pagos y la degresividad. A partir de 60.000 euros y hasta 75.000 se reducirá el 25 % de la ayuda básica, en el tramo de 75.000 a 90.000 euros se reducirá el 50 %, entre 90.000 a 100.000 euros la reducción será del 85 % y del 100 %, lo que supere este último límite. No obstante, para el cálculo de las reducciones se podrán descontar los costes salariales.
Este sistema tendrá un impacto “muy reducido” en la Comunidad, y menos aún tras haber conseguido que en las cooperativas, sociedades agrarias de transformación y explotaciones de titularidad compartida, el cálculo de la reducción se haga teniendo en cuenta el número de socios y no la entidad de forma individual, excluyéndose, por tanto, en la práctica a estas entidades.
Ayudas por ecoesquemas
Las mayores exigencias medioambientales llegan recogidas en la denominada “condicionalidad reforzada”, que es el conjunto de requisitos legales y buenas condiciones[[{«fid»:»58709″,»view_mode»:»media_original»,»type»:»media»,»attributes»:{«height»:1312,»width»:1968,»style»:»width: 400px; height: 267px; border-width: 5px; border-style: solid; margin: 5px; float: right;»,»class»:»media-element file-media-original»}}]] agrícolas y medioambientales, que serán necesarios cumplir para poder acceder a las ayudas de la nueva PAC. Unas exigencias que no tendrán compensación. Desde Castilla y León, ha afirmado Carnero, se ha conseguido que esta nueva condicionalidad no sea tan exigente como inicialmente se preveía. Así, se ha sustituido la rotación anual de todas las parcelas por una diversificación de cultivos en la explotación, similar a la exigida actualmente para el pago verde, y con una rotación en parcela al cuarto año en vez de ser anual.
Además, en la reunión se ha destacado que en los ecoesquemas, que contarán con un montante global anual para el conjunto de España de 1.100 millones de euros, que sustituirán al actual pago verde, se ha logrado que el diseño final permita el acceso a estas ayudas por los agricultores y ganaderos de Castilla y León, percibiendo importes similares o incluso mayores a lo que actualmente venían percibiendo con el pago verde, subrayando que los importes por hectárea serán de:
- 62€ (pastos)
- 52€ (secano)
- 156€ (riego)
Destacar que se trata de siete prácticas concretas que cubren todos los tipos de superficie:
- Pastos permanentes y temporales
- Pastoreo Extensivo (P1)
- Siega sostenible o establecimiento de islas de biodiversidad (P2)
- Tierras de cultivo
- Rotación de cultivos con especies mejorantes (P3)
- Agricultura de conservación-siembra directa (P4)
- Tierras de cultivo y cultivos permanentes
- Espacios de biodiversidad: Superficies no productivas y elementos del paisaje (P5)
- Cultivos leñosos
- Cubiertas vegetales espontáneas o sembradas (P6)
- Cubiertas vegetales inertes (P7)
A petición de Castilla y León, la degresividad, o reducción de las ayudas a partir de un número de hectáreas determinado, sólo se aplicará si se supera la asignación financiera para estas medidas, que se ha situado en los ya anunciados previamente 1.100 millones de euros al año para toda España.
Los jóvenes tendrán más ayudas de la PAC
Castilla y León ha mejorado en la negociación la situación de los jóvenes en la nueva PAC, siguiendo la importante apuesta que ya está desarrollando por ellos. Así se duplicará el valor actual unitario que perciben, pasando del 50% del importe medio de cada región productiva al 100 %, y además se ha logrado incrementar el número de hectáreas por las que se recibirá esta ayuda, pasando de 90 a 100 hectáreas.
Para las mujeres que se incorporan como jóvenes agriculturas, las ayudas se incrementarán un 15 %
Ayudas asociadas a la producción incluso con más financiación
Una de las principales líneas de trabajo de Castilla y León en la negociación han sido las ayudas asociadas a la producción por ir destinadas a sectores vulnerables, como son los de la ganadería. En este sentido, resultado ha sido muy positivo, pues se ha conseguido mantener las ayudas, destinadas a la ganadería de vacuno de leche y de carne, al ovino y caprino, a las proteaginosas y oleaginosas, al cultivo de la remolacha y a los frutos secos, además de eliminar la propuesta inicial que se había planteado de aplicar la degresividad, que suponía que a partir de un número de animales o de hectáreas el importe de la ayuda sería menor. Castilla y León seguirá siendo la Comunidad Autónoma que más financiación percibirá por estas ayudas.
Además, en la nueva PAC, Castilla y León seguirá beneficiándose de ayudas para:
- Las inversiones en bodegas y para reestructuración del viñedo.
- La promoción del vino en terceros países, que verá aumentada su dotación.
- Los programas operativos de frutas y hortalizas.
- El sector apícola, que contará con un incremento de financiación respecto al periodo actual.
Estudiar el plan sectorial para el ovino y caprino
En la última Conferencia Sectorial el Ministerio aceptó la petición de Castilla y León que demandaba un Plan sectorial Nacional para el ovino y caprino. Este plan se estudiará en 2023 para ver las posibilidades de incorporarlo al Plan Estratégico como el Plan para el Olivar Tradicional. El plan se dirigirá a las cooperativas y las organizaciones de productores.
1.176 millones FEADER
En el Plan Estratégico se incluyen también las intervenciones territoriales que diseñan las Comunidades Autónomas y que sustituirán a los actuales Programas de Desarrollo Rural.
Castilla y León ha incluido actuaciones para el periodo 2023 a 2027 por importe de 1.176 millones de euros. En ellas se tienen en cuenta las infraestructuras agrarias, que contarán con 205 millones de euros; las ayudas a zonas con limitaciones productivas, con 170 millones; las ayudas agroambientales, con 143 millones, además de inversiones en explotaciones agrarias e incorporación de jóvenes agricultores, apoyo a la industria agroalimentaria y forestal, la lucha contra incendios y la mejora de la biodiversidad y la metodología LEADER. Y destaca como novedad la incorporación de una nueva línea destinada a favorecer la sucesión de explotaciones envejecidas
