La alianza UPA-COAG ha querido recordar sus peticiones más urgentes después del nombramiento de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León. En boca de su coordinador regional, Lorenzo Rivera, la asociación agraria ha mostrado su predisposición a colaborar con el nuevo ejecutivo, pero ha señalado los que serán sus principales luchas durante esta legislatura.
Lorenzo Rivera ha afirmado que este parón de 4 meses que ha habido con las elecciones y la posterior conformación de gobierno ha sido un pequeño contratiempo en un momento en que al aumento de los costes de producción se ha sumado la crisis de Ucrania. El presidente de la alianza ha indicado que concederán los 100 días de rigor al que será nuevo titular de Agricultura en la Junta, Gerardo Dueñas, pero ya le urge en aplicar medidas para ayudar al sector.
A los 400 millones prometidos por Mañueco ante la crisis económica, la alianza reclama que 50 millones vayan para el campo, además de pedir que se incluya al sector cunícola y porcino, en las ayudas del Estado central, algo que, en principio, no está contemplado. Además, Rivera ha señalado varias demandas históricas de las asociaciones agrarias, como son el cumplimiento real de la Ley de la Cadena Alimentaria, y que las ayudas de la PAC se destinen exclusivamente a los agricultores a título principal. “No podemos trasladar la subida de los costes de producción a los precios, ya que no se cumple la Ley de la Cadena Alimentaria como debería”.
El coordinador de UPA-COAG en Castilla y León ha pedido que se flexibilicen las ayudas de la PAC, y que se comunique antes de septiembre, ya que si sucede como este año, que se ha comunicado en enero, no tendrían margen para adaptar sus cultivos al cereal, y solo podrían sembrar otros productos como los girasoles.
Por otro lado, Aurelio González, secretario general de UPA, ha incidido en la misma línea, y ha solicitado que la Junta establezca una compensación por el aumento del coste gasóleo agrario y el consumo eléctrico en semejanza a lo realizado por el Gobierno central con los combustibles, ya que “la Junta también cobra impuestos”.
Además de ello, González ha señalado que si se cumpliese la Ley de la Cadena Alimentaria y se efectuase un estudio que estableciese costes oficiales de obligado cumplimiento, “se resolverían un 85% de todos los problemas agrarios”, y ha pedido que se efectúen más inspecciones en colaboración con la AICA.
Otras reclamaciones de González son la promulgación de una normativa que proteja el suelo agrícola debido al crecimiento poblacional y a que “hasta un 51% del terreno de la región está calificado como monte bajo, por lo que hay espacio para aumentar el espacio agrario”, y que el futuro o futura titular de Medio Ambiente pelee por sacar al lobo del LESPRE, y se controlen las plagas. “Estamos sufriendo por la sobrepoblación de conejos, jabalís o ciervos, y hay hasta 27 accidentes diarios provocados por la fauna salvaje, la gente se juega la vida todos los días”.
Además, las organizaciones asegura que reclamarán que se las reconozca por fin como entidades colaboradoras de la Administración, y solicitan que el nuevo gobierno regional no haga política con servicios públicos como la Sanidad o la Educación y los defienda de verdad en el mundo rural.
