Así lo advierte ASAJA León

El Incremento de Superficie de Siembra de Remolacha provoca una bajada de los importes de las ayudas asociadas

  • ASAJA León reclama a las empresas azucareras consideren incrementar la aportación económica a los productores mediante un ajuste en los precios

José Ignacio Falces

6 de julio de 2024

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El cultivo de la remolacha en España, particularmente en provincias como León y en regiones de Castilla y León, ha experimentado un notable incremento en la superficie de siembra. Este crecimiento, sin embargo, trae consigo implicaciones significativas en las ayudas económicas asociadas a este cultivo. A medida que la superficie cultivada aumenta, advierten desde ASAJA León, las ayudas por hectárea disminuyen, afectando directamente la rentabilidad de los productores.

Impacto del Incremento de Superficie en las Ayudas Asociadas

Situación Actual en Castilla y León

En la zona de siembra de primavera, que abarca principalmente a Castilla y León, y también a provincias como Álava, La Rioja, Navarra y Aragón, se ha observado un aumento considerable en la superficie dedicada al cultivo de remolacha. En Castilla y León, por ejemplo, se han añadido aproximadamente 8,000 hectáreas. Este incremento ha llevado a una reducción inevitable en las ayudas asociadas.

En 2023, los productores recibieron 541 euros por hectárea. Sin embargo, debido al aumento en la superficie cultivada, esta cifra se espera que descienda a aproximadamente 400 euros por hectárea en 2024, lo que representa una reducción del 26%. Este descenso es significativo considerando que la cantidad total de ayudas es fija, ascendiendo a 14,3 millones de euros anualmente.

Impacto Económico en la Provincia de León

Para la provincia de León, esta reducción en las ayudas representa pérdidas considerables. Con la reducción esperada de las ayudas por hectárea, se prevé una pérdida económica de aproximadamente 1,5 millones de euros para los productores de remolacha en esta provincia.

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Desafíos en las Ayudas Agroambientales

Ayuda a Cultivos Agroindustriales Sostenibles

Las ayudas agroambientales, destinadas a promover prácticas agrícolas sostenibles, también enfrentan desafíos. Estas ayudas tienen un importe fijo de 500 euros por hectárea. Los agricultores con contratos vigentes con la Junta de Castilla y León por un periodo de cinco años no se verán afectados. No obstante, para aquellos que solicitaron estas ayudas por primera vez en la convocatoria de mayo de 2024, la situación es incierta.

El presupuesto para la convocatoria de 2024 es de 5 millones de euros, distribuidos en un periodo de cinco años, lo que equivale a 1 millón de euros anuales. Esto es suficiente para cubrir una superficie de 2,000 hectáreas. Sin embargo, la superficie total solicitada asciende a unas 4,000 hectáreas, lo que implica que la mitad de los solicitantes quedarán sin ayuda a menos que se incremente el presupuesto.

Consecuencias Económicas y Futuras Proyecciones

Caída en la Rentabilidad del Cultivo

La reducción en las ayudas tiene un impacto directo en la rentabilidad del cultivo de remolacha. Muchos contratos firmados por productores con empresas como Azucarera y ACOR contemplaban una rentabilidad basada en ayudas de 1,000 euros por hectárea. Con la reducción de estas ayudas, se genera una expectativa de menores ingresos futuros para los productores.

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Necesidad de Ajustes en los Contratos

Ante esta situación, ASAJA León estima que es lógico que las empresas azucareras consideren incrementar la aportación económica a los productores mediante un ajuste en los precios. Esto sería necesario para cumplir con los compromisos económicos y asegurar la viabilidad del cultivo de remolacha.

El incremento en la superficie de siembra de remolacha en España, particularmente en Castilla y León, ha llevado a una reducción significativa en las ayudas asociadas a este cultivo. Esta situación afecta directamente la rentabilidad de los productores y plantea desafíos para las ayudas agroambientales destinadas a promover prácticas sostenibles. Es esencial que se tomen medidas para ajustar los contratos y asegurar un apoyo adecuado a los agricultores, garantizando así la sostenibilidad y viabilidad del cultivo de remolacha en el futuro.

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