La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado el incumplimiento generalizado de la Ley de la Cadena Alimentaria por parte de los mercados, los cuales demoran los pagos a los agricultores de productos frescos más allá de los 30 días que estipula la ley. Esta problemática fue abordada en la reunión del Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria el pasado 2 de julio, en la que participó COAG junto con representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y otras autoridades.
Incumplimiento de Plazos de Pago según COAG
Durante la reunión, se presentó el «Barómetro del clima de confianza del sector agroalimentario», el cual reveló datos preocupantes sobre la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria. COAG destacó que un alarmante 73% de los compradores paga a los agricultores en plazos superiores a 30 días, contraviniendo la normativa vigente. Este retraso en los pagos genera serias dificultades económicas para los productores, quienes ya enfrentan numerosos desafíos en su labor diaria.
A pesar de que un 83% de los productores agrarios reconoce que la Ley de la Cadena Alimentaria ha mejorado las relaciones comerciales, solo el 30% considera que tiene la capacidad de pactar libremente las condiciones de sus contratos con los clientes. Este dato refleja una asimetría de poder en las negociaciones comerciales, donde los productores se sienten en desventaja frente a los compradores y distribuidores.
El barómetro también reveló que casi el 95% de los productores conoce sus costes de producción, lo cual es crucial para asegurar que los precios cubran dichos costes, tal como lo exige la ley. Sin embargo, los agricultores consideran que es necesario reforzar la vigilancia y aplicar sanciones más severas a quienes incumplan la normativa. Asimismo, solicitan un mayor control sobre los precios para garantizar una competencia justa y transparente en el mercado.
En cuanto a la evolución de los precios y el consumo de alimentos y bebidas, los datos presentados indican que las marcas blancas representan un significativo 46% del consumo de alimentos envasados. Además, se ha observado una disminución en los precios de productos de primera necesidad como la leche, el pan, las legumbres y el arroz. En términos de inflación anual, se estima que el Índice de Precios al Consumo (IPC) en junio de 2024 fue del 3,4%, con la alimentación como el principal contribuyente a la inflación acumulada, alcanzando cifras del 10%.
A pesar de la elevada inflación alimentaria, la tendencia es decreciente tanto en productos frescos como elaborados. En particular, las frutas, la carne de ovino y las patatas han mostrado mayores tasas de inflación entre los productos frescos, mientras que en los productos elaborados, los aceites y las grasas encabezan la lista. Se espera que en el próximo mes el IPC de alimentación disminuya en cuatro décimas, beneficiándose de la reducción del IVA del aceite al 0%.
El secretario general del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Fernando Miranda, presidió la reunión del Pleno y presentó varias medidas para mejorar la situación. Entre ellas, se incluye el aumento de la periodicidad trimestral de las reuniones del Pleno y la agilización de los estudios relacionados con precios y márgenes. Estas medidas pretenden proporcionar un seguimiento más cercano y continuo de las dinámicas del mercado y las condiciones comerciales.
COAG enfatizó la necesidad de una mayor intervención por parte de las autoridades para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Los productores instan a la Administración a incrementar la vigilancia y aplicar sanciones más rigurosas a los infractores. Asimismo, consideran fundamental educar a los agricultores sobre las autoridades competentes en estas materias dentro de las Comunidades Autónomas (CCAA), para que puedan recurrir a ellas en caso de incumplimientos.
El incumplimiento de los plazos de pago y las dificultades para negociar libremente las condiciones contractuales no solo afectan a los agricultores individualmente, sino que también tienen un impacto negativo en la economía agraria en general. La demora en los pagos puede llevar a problemas de liquidez, dificultando la capacidad de los agricultores para invertir en sus explotaciones y mejorar su productividad. Esto, a su vez, puede afectar la sostenibilidad y competitividad del sector agrícola español en el mercado global.
COAG continúa su lucha por un mercado justo y transparente, donde los derechos de los agricultores sean respetados y se garantice el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. La organización agraria llama a la Administración y a los consumidores a tomar conciencia de la importancia de apoyar a los productores locales y exigir prácticas comerciales justas.
La próxima reunión trimestral del Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria será crucial para evaluar los avances en la implementación de las medidas presentadas y seguir trabajando en soluciones que beneficien a todos los actores del sector agroalimentario. COAG reafirma su compromiso de seguir defendiendo los intereses de los agricultores y ganaderos, asegurando que se respeten sus derechos y se promueva un entorno comercial equitativo y sostenible
