Un debate de larga duración ha cobrado nueva fuerza con la denuncia presentada por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla y León en mayo de 2021. La acusación apunta directamente al presunto cártel existente en el mercado de la maquinaria agrícola, que, según ASAJA, limita la libertad de elección y compra de los agricultores al establecer un reparto de zonas de influencia entre concesionarios. Este asunto ha captado la atención de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que desde entonces ha estado investigando activamente para determinar la veracidad de estas alegaciones.
Investigación en Curso por la CNMC
Desde la apertura de la investigación en respuesta a la denuncia de ASAJA, la CNMC ha realizado varios movimientos significativos. Entre el 18 y el 20 de junio de 2024, la Comisión llevó a cabo nuevas inspecciones en las sedes de varias empresas clave del sector. Estas acciones siguen a una primera ronda de inspecciones realizadas entre el 26 y el 29 de septiembre de 2023, marcando así una fase crucial en el proceso de recopilación de pruebas.
Según fuentes de la CNMC, estas inspecciones tienen como objetivo principal recolectar evidencia sobre posibles prácticas anticompetitivas, tales como el acuerdo entre empresas para restringir la competencia en el mercado de la distribución de maquinaria agrícola. Además, la colaboración activa de las Autoridades de Competencia autonómicas ha fortalecido el alcance y la eficacia de esta investigación de gran envergadura.
Origen y Alcance de la Denuncia de ASAJA
La denuncia de ASAJA de Castilla y León surgió como respuesta a lo que la organización describe como un «secreto a voces» en el sector agrícola español. Según la asociación, los agricultores y ganaderos enfrentan restricciones significativas al intentar adquirir maquinaria nueva, ya que los concesionarios y talleres tienen zonas de exclusividad establecidas que limitan las opciones de compra y la negociación de precios.
El Tribunal de Defensa de la Competencia de Castilla y León inicialmente recibió la denuncia, reconociendo su relevancia nacional y trasladándola posteriormente a la CNMC para una investigación más exhaustiva. La CNMC, por su parte, ha destacado la seriedad con la que está abordando el caso, indicando que si encuentra evidencia suficiente de prácticas anticompetitivas, podría iniciar procedimientos sancionadores que incluyen multas significativas hasta el 10 % del volumen de negocio total de las empresas involucradas.
Colaboración Ciudadana y Perspectivas Futuras
Para ASAJA de Castilla y León, la denuncia representa un paso crucial hacia la transparencia y la justicia en el mercado de la maquinaria agrícola. Instan a todos los agricultores y ganaderos afectados a compartir sus experiencias con la CNMC, utilizando plataformas online diseñadas específicamente para reportar prácticas anticompetitivas de manera anónima. Esta participación activa, argumentan desde la asociación, es fundamental para construir un caso sólido y para garantizar que se reconozca y se sancione cualquier comportamiento ilegal que perjudique a los consumidores.
Posicionamiento de ASAJA
ASAJA subraya que su objetivo no es atacar al sector industrial de la maquinaria agrícola, sino proteger los derechos de los agricultores y ganaderos frente a prácticas que consideran injustas e ilegales. Consideran que el mercado debe operar con transparencia y en estricta conformidad con las leyes de competencia, asegurando así que los agricultores tengan la libertad de elegir dónde y cómo adquirir sus equipos agrícolas sin restricciones indebidas.
En última instancia, ASAJA enfatiza que esta denuncia es una oportunidad histórica para corregir un problema que ha persistido durante demasiado tiempo en la sombra. Argumentan que la agricultura y la maquinaria están intrínsecamente ligadas, pero esa relación debe basarse en principios de equidad y legalidad para beneficiar a todos los involucrados en el sector.
